El Gobierno prepara ley para regular las relaciones laborales en las aplicaciones de delivery
La AFIP enviará al Congreso un proyecto de ley que crearía un régimen especial y obligaría a las compañías a realizar contribuciones al sistema de seguridad social.
En pocos meses más, el Congreso de la Nación será el escenario de debate de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional con el objetivo de incrementar la carga tributaria y la responsabilidad de las empresas que emplean trabajadores a través de plataformas digitales, y de este modo dar respuesta a una zona gris en la legislación actual que deja sin protección a un creciente número de trabajadores independientes, y a su vez desafía la recaudación estatal.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene en carpeta enviar un proyecto a consideración del congreso para adecuar la legislación laboral para reflejar los cambios más recientes en materia de relaciones laborales y, a la vez, asegurar que estas empresas de la denominada "economía circular" colaboren con el sostenimiento de la seguridad social, a través de una mayor regulación y contribución al sistema.
Según pudo saber este medio, el fisco evalúa incrementar la responsabilidad sobre el empleados a través de un régimen especial, como el que rige en actividades específicas (como es el caso de la construcción), o bien mediante la creación de un nuevo Monotributo.
Aunque los detalles de la iniciativa no están cerrados, el espíritu de ésta busca disminuir los niveles de informalidad y dar una cobertura mayor a trabajadores que mantienen relaciones laborales con varias empresas en simultáneo (por ejemplo, prestando servicios a través de distintas aplicaciones móviles) o bien se rigen por una modalidad de teletrabajo.
Con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria promulgada este fin de semana por el presidente, a los funcionarios técnicos no se les escapa de vista la necesidad de incrementar la fiscalización y de este modo asegurar recursos provenientes de la población activa para sostener a los más de 5,7 millones de jubilados y pensionados que desde marzo percibirán sus haberes con un incremento regido por el nuevo índice.
El Gobierno está decidido a avanzar en el control de las compañías que se valen de las plataformas digitales, como ya lo hizo a mediados de diciembre al propiciar un acuerdo entre las firmas Rappi y PedidosYa con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) para fijar topes en las comisiones que cobran las apps.
A su vez, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires también avanzó en 2020 en este sentido al regular la actividad de delivery, volviendo obligatorio a los empleadores la concesión de seguros, la capacitación en educación vial y la entrega de elementos de trabajo de manera gratuita. Sin embargo, tal norma no contiene una regulación de la relación laboral con los trabajadores, por lo que no resuelve los casos donde se avista una situación precaria.
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