"AJUSTE O BAJA DE IMPUESTOS. LOS DOS A LA VEZ NO SE PUEDE", ADVIERTEN LOS GOBERNADORES

El Gobierno negocia con provincias relajar el Pacto Fiscal a cambio del Presupuesto 2019

Los mandatarios quieren un paraguas de al menos un año para postergar la baja en IIBB. Además, insisten en que la Ciudad y la Provincia se hagan cargo de los subsidios

La negociación para que el Presupuesto 2019 llegue lo más cerrado posible al Congreso, el 15 de septiembre, comienza a centrarse en algunos de los reclamos puntuales de los gobernadores peronistas. Con ellos, la Casa Rosada ya negocia una adenda al Pacto Fiscal aprobado hace apenas seis meses para relajar los objetivos de baja gradual de impuestos a los que se comprometieron los gobernadores. Según confirmaron fuentes calificadas de la mesa de negociaciones a El Cronista, las conversaciones al respecto están encaminadas.

Sin mayorías propias y con un sector del peronismo dispuesto a permitir la sanción del Presupuesto 2019 sólo si los costos del ajuste son repartidos, el Gobierno tampoco rechaza de plano discutir los reclamos de las provincias para que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de los subsidios a la electricidad y al agua que hoy reciben sus habitantes de parte del gobierno nacional. Todo será parte de la negociación.

"Ajuste o baja de impuestos. Los dos a la vez no se puede", fue el mensaje que los gobernadores le dejaron a uno de sus principales interlocutores en el gobierno nacional, al plantear la posibilidad de estirar en al menos un año los plazos para la baja gradual de Ingresos Brutos a la que están obligados por el pacto fiscal  y que prevé la eliminación del tributo para 2022. Ese programa significará, cuando se complete, un recorte equivalente a 1,5% del PBI, pero fue acordado cuando la crisis de los últimos meses no era ni siquiera una posibilidad lejana.

De eso hablaron el lunes en la Casa de Entre Ríos los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manuel Urtubey (Salta), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y el anfitrión, Gustavo Bordet, junto al senador Miguel Pichetto y al diputado Pablo Kosiner.

El chaqueño detalló ayer al diario La Nación el espíritu de ese encuentro: "Estamos dispuestos a dar herramientas como el Presupuesto, pero si nos garantizan equidad. El esfuerzo tiene que ser compartido. No nos vamos a ajustar el cinturón unos sí y otros no. Les vamos a decir que en esos subsidios (a los porteños y bonaerenses) tienen dónde achicar. Y vamos a tratar de suspender la rebaja de Ingresos Brutos por un año, darle un año de gracia al plazo que se acordó en el Pacto Fiscal", explicó Peppo.

El Gobierno aceptó poner sobre la mesa de negociaciones los dos puntos, como contrapartida a la exigencia del Fondo Monetario Internacional  (FMI) de bajar el gasto, lo que impactará con dureza en las provincias. "Si tenés 88% de ajuste en la obra pública y 74% en transferencias a las provincias es letal para la economía regional y para el sector público en provincias y municipios", advirtió días atrás el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.

Los gobernadores estiman en $ 60 mil millones el recorte que significaría para la Nación transferir el peso de los subsidios a la Ciudad y la provincia Buenos Aires.

La cuenta, claro, no es sólo económica. Si muchos de ellos van a tener que pagar el costo político del ajuste por las medidas en sus provincias y por el acompañamiento al Presupuesto en el Congreso, pretenden que también Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal deban hacerse cargo de una parte.

Sentados frente a los mandatarios provinciales, negocian el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su segundo, Sebastián García De Luca, y la pata legislativa del Gobierno, con Emilio Monzó a la cabeza.

Los escenarios que maneja Cambiemos de cara a la votación del Presupuesto 2019 en el Congreso incluyen la hipótesis más pesimista: que las conversaciones se trunquen y no sea posible conseguir la ley. Eso, admiten, perjudicaría la imagen pública del Gobierno ante los inversores y el FMI. Mostraría una debilidad política insoslayable en medio de la crisis.

Pero, en términos prácticos, beneficiaría a la Casa Rosada, pues quedaría habilitada a prorrogar el Presupuesto 2018 y manejarse con discrecionalidad por encima de esa asignación de partidas.

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