El Gobierno moviliza $ 850.000 millones para salarios, monotributistas y empresas

Los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron la ampliación y simplificación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción para extender la cobertura del Estado nacional a las compañías y trabajadores resentidos por el freno en que se halla la economía como consecuencia de la cuarentena.

Tras una reunión del gabinete económico iniciada por la mañana en la Jefatura de Gabinete, Moroni y Kulfas precisaron los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Alberto Fernández firmó el domingo por la tarde con la intención de poner dinero en el bolsillo de los sectores que aún no habían sido alcanzados por el paquete de contención. 

Los ministros precisaron que el Estado nacional pagará a comienzos del mes de mayo el 50% del salario de todos los trabajadores de las compañías del sector privado que han sufrido una sustancial reducción de las ventas o que no han podido abrir sus puertas a causa del confinamiento masivo dictado para frenar la propagación del coronavirus.

A este universo de firmas afectadas ya entraron 420.000 empleadores que tramitaron ante la AFIP la ayuda estatal, y muchos más podrían sumarse en los próximos días rellenando las solicitudes que exige el fisco. A diferencia de las medidas hasta ahora anunciadas, en esta quedan incorporadas todas las compañías, sin importar el tamaño -según la cantidad de empleados- ni la rama de la actividad. 

La cobertura de las nóminas salariales tendrá un piso equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM, hoy en $ 16.875) y un techo equivalente a dos de estas remuneraciones. De esta forma, si un trabajador percibió en marzo $ 30.000, se le depositarán $ 16.875, pero si cobra por encima de dos SMVM, el techo de la cobertura será de $ 33.750.

El ministro Kulfas precisó que con este aporte "ocho de cada diez trabajadores del sector privado van a estar percibiendo la mitad o un poco más de la mitad de su salario depositado por la ANSeS".

Para los monotributistas y autónomos, el Estado saldrá de garante para que obtengan créditos a tasa cero por un monto equivalente a tres veces la facturación tope mensual de cada categoría. Estos préstamos se liquidarán en tres cuotas iguales y consecutivas, que no se depositarán en las cajas de ahorro que cada trabajador informe, sino que operará como un saldo a cuenta en sus tarjetas de crédito. 

Según se precisó, el Banco Central dictará las normas regultatorias necesarias para que cada entidad financiera otorgue el beneficio, que cuenta con un plazo de gracia ya que cada beneficiario empezará a pagarlo a partir de octubre en 12 cuotas sin interés, mientras el costo financiero quedará a cargo del Estado Nacional a través del Fondep. El trámite debe iniciarse a través de la web de la AFIP.

Moroni aclaró que, para esta medida, se interpretará a los trabajadores autónomos en sentido amplio para incluir a todo tipo de profesional que no esté en relación de dependencia.

El Gobierno también dejó entrever molestia por los requisitos extras y las demoras que las entidades financieras -públicas y privadas- han tenido al momento para desembolsar los créditos que regula el Banco Central. Con nuevas regulaciones, esperan que en los próximos días se dupliquen los montos ya volcados a los requirientes.

Los ministros anunciaron en conferencia de prensa que el un costo fiscal de esta ampliación del ATP es de $ 107.000 millones. Sumados los anuncios realizados entre fines de marzo y abril (el Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10.000, el refuerzo de las asignaciones, y la postergación o reducción de contribuciones patronales) y los créditos a tasas del 24%, la ayuda estatal escala a los $ 850.000 millones, equivalentes al 3% del PBI.

Kulfas explicó que "el objetivo del nuevo paquete es preservar el trabajo y dejar fortalecido el entramado productivo para que una vez superemos esta crisis, se inicie rápidamente una recuperación", en tanto Moroni evaluó que este es un "esfuerzo" destinado a "mantener las unidades productivas y los contratos laborales vigentes".

"Lo peor que puede pasar es que los contratos de trabajo se rompan, y esta asistencia estatal viene bien para que el trabajador, aún suspendido, tenga un ingreso que le permita sustentarse", detalló el titular de la cartera laboral.

Las medidas oficialmente anunciadas este lunes se incorporan a la postergación de los aportes y contribuciones patronales de hasta el 95% para empresas en dificultades. Según se deslizó en conferencia de prensa, esta exención podría concentrarse en el futuro solo en empresas de los rubros con mayor afectación y que tendrán más dificultades en volver a la normalidad, como es el caso del turismo, la hotelería, la gastronomía y las industrias culturales. Asimismo, continúa disponible el seguro de desempleo, que pasó de $ 6000 a $ 10.000.