El Gobierno logró lo inesperado de las provincias

El gobierno tiene como Norte reducir el déficit (porque es imposible de mantener) y mejorar la competitividad del país, principalmente en el costo de producción. Para ello ha fijado como meta común de provincias y Nación restructurar el régimen tributario para ordenar y teóricamente cobrar menos impuestos.

Ahora, la reforma tributaria no puede realizarse sin encarar una reforma previsional, que afecta como ningún otro ítem del presupuesto las dos cuestiones: el gasto público en jubilaciones y el costo laboral que representan las contribuciones sobre las relaciones laborales.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Social el salario medio en la Argentina es de $24.700, de ese valor los empleadores dejarán de hacer contribuciones por $12.000 a modo de 'deducción especial'. Así, conjuntamente con la modificación de las alícuotas la reforma tributaria baja el costo de las contribuciones patronales en más de un 50%

Esto impacta en la competitividad, los ingresos de la ANSeS y -por ello- en la actual fórmula de movilidad.

El Gobierno logró lo inesperado, el apoyo de todos los gobernadores para bajar el monto de las jubilaciones.

Así las cosas, el déficit se acorta pagando menos a los jubilados. Cómo esto es políticamente incorrecto se agregaron dos cuestiones, una elevar la jubilación mínima de un sector de los jubilados y el compromiso a dar una movilidad 'superior a la inflación', esta noción en el texto llevado al Congreso no da diferencias significativas, sin embargo deberá pasar el debate parlamentario que puede introducir mayo claridad.

La baja no es directa, sino que apunta a dos cuestiones: una evitar que la aplicación de la Ley de movilidad -sancionada en 2008- fuerce un aumento artificial de las jubilaciones, ya que arroja resultados superiores al crecimiento del PBI y la recaudación ahora reformada, aumentando el déficit.

En octubre de 2010, cuando el actual gobierno era oposición, votaron la Ley 26.649 que establecía subir la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil, en ese momento representaba sólo el 60% del SMVM. Hoy ya ha alcanzado el 82%, con un desfasaje a producirse recién en julio del año entrante y que se corregiría sobre fines del mismo año.

Hoy el compromiso solicitado por los gobernadores de mantener esta relación para aquellos que tengan '30 años efectivos de aportes' no resulta en absoluto significativo para las arcas del Estado ni para los jubilados. El grupo afectado también es pequeño, ya que si bien la intención era excluir a los que alcanzaron el beneficio a través de moratorias tampoco se encuentran beneficiados todos los regímenes especiales ya que cobran más que el mínimo y la mayoría de los que aportaron fueron alcanzados por el Programa de Reparación Histórica por lo que ya no cobran el mínimo. Evidentemente los gobernadores desearon plasmar el número mágico: '82%', pero en la práctica no tiene efectos significativos. Además genera una situación inédita, por primera vez tendremos tres haberes mínimos, uno para los que tienen aportes efectivos, otro para quienes se jubilaron por alguna moratoria y un tercero para los que sin aportes acceden a la Prestación Universal para el Adulto Mayor, que reemplaza las moratorias.

No es fácil entender que los gobernadores no exigieran que se repare la pérdida de las jubilaciones frente a la inflación de 2016, hoy los jubilados cobran en términos reales menos que hace dos años, esta es una recomposición necesaria para que el cambio de sistema de movilidad mantenga la proporción de todas las jubilaciones.

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