El Gobierno llevó la discusión por las subas en su visita a la Corte
Los funcionarios ejecutivos buscaron informarse sobre el expediente que está esperando una resolución de la Corte, que debe dirimir si una causa central contra el aumento de tarifas se lleva adelante en la justicia contencioso administrativa de la Ciudad de Buenos Aires o en Junín, donde se radicó originalmente.
En las últimas semanas, desde el Ministerio de Energía se pidió que se tramitara en el ámbito porteño, y la Procuración General de la Nación dictaminó en esa línea, aunque su opinión no es vinculante para la Corte. Además, hubo un planteo posterior en el contencioso administrativo, en el que Energía, con el Ministerio de Ambiente y el patrocinio del procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, interpusieron una acción colectiva de certeza para que se declare improcedente cualquier acción colectiva que cuestione las subas de los servicios públicos de este año.
Esa postura fue en reacción a un amparo realizado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (Cepis), una ONG que radicó una acción colectiva en un juzgado de La Plata para cuestionar la fecha de aplicación de los aumentos en las tarifas de gas.
La Corte, una vez que defina la competencia, podría tener que fallar sobre el fondo de la cuestión; es decir, si los aumentos son constitucionales o no. En agosto de 2016, el alto tribunal frenó los aumentos de gas decididos por el Gobierno, justamente a partir de una denuncia iniciada por el Cepis.
El de ayer fue el segundo encuentro del año entre Peña, Garavano y los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En abril, cuando se habían reunido, se acordó que las reuniones se desarrollen de forma mensual. En ese momento, una serie de cortocircuitos interpoderes derivó en la necesidad de concertar un encuentro. En la Rosada había enojo por la decisión de la Corte de invalidar un tribunal que debía juzgar este año a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en dos de sus causas por corrupción, que ya se encontraban en etapa de juicio oral y público.