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El Gobierno limitó los convenios con universidades públicas

A través del Decreto 641/2018,  dispuso que las casas de estudios sólo podrán prestar servicios de consultoría, auditoría e investigación, pero excluyó los convenios de asistencia técnica y de adquisición de bienes de uso o de consumo. La Sigen auditará el proceso.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

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El Gobierno introdujo hoy modificaciones a la contratación de personal, bienes y servicios para el Estado a través de universidades públicas, una modalidad muy utilizada durante el kirchnerismo que continuó durante la gestión de Mauricio Macri.

Lo hizo a través del Decreto 641/2018, publicado en el Boletín Oficial, por el que limita las contrataciones con las casas de estudios a servicios de consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas, así como capacitación y formación; pero excluye los convenios de asistencia técnica y de adquisición de bienes de uso o de consumo.

La decisión se suma al megadecreto de reducción de gastos, publicado el martes, que determinó dejar los convenios de asistencia técnica con universidades a partir del 1 de enero de 2019. Bajo este paraguas, la gestión de Cristina Kirchner sumó unos 17.000 empleados públicos hacia el final de su gestión.

El decreto impone, por otra parte, controles más estrictos al sumar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como organismo que podrá auditar el proceso y ejecución de los fondos transferidos.

Además, la norma excluye en su artículo 1° a las "universidades provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas”, de los procesos en cuestión.

Un camino para eludir los controles

Los convenios a través de casas de estudio permitieron, durante el kirchnerismo, eludir los procedimientos burocráticos y se convirtieron en el camino más corto -y sin controles- para las contrataciones del Estado.

De hecho, en la causa por la cual está detenido el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se investiga una presunta malversación de fondos públicos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que habrían causado un perjuicio a las arcas estatales del orden de los $ 265.000.000, y que se habría materializado mediante una "triangulación contractual" entre "YCRT, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz. Las obras quedaron inconclusas y la central térmica nunca se inauguró.

También la semana pasada, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente al exjefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, por la presunta comisión de delito a raíz de la celebración de uno de esos acuerdos con la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) para reconvertir a "un modelo sustentable" la producción de ladrillos de adobe en la región del Noreste Argentino (NEA), entre otros objetivos.

Según fuentes oficiales, actualmente hay unos 60 convenios de asistencia técnica, que se traducen en 5800 empleados públicos contratados vía universidades. 

Incluso hubo otros casos que terminaron como escándalos de corrupción, como el financiamiento vía la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) para la producción de dos telenovelas y los contratos triangulados con casas de estudios para hacer stands en Tecnópolis, sin licitación.

Por ello, el decreto también dispone en su artículo 2° que "estará expresamente prohibida la cesión, tercerización o subcontratación del objeto del convenio, en todo o en parte a un tercero". Esta prohibición rige también para las personas jurídicas de carácter público o privado dependientes de las mismas.

Con esto se elimina otra práctica habitual durante el kirchnerismo por la cual las universidades depositaban dinero a nombre de una fundación o asociación civil, una maniobra que permitía evitar los organismos de control.

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