El Gobierno le sacó la central térmica de Río Turbio a Isolux

El Gobierno rescindió ayer el contrato con el grupo español Isolux Corsan para la construcción de la central termoeléctrica carbonífera de la localidad santacruceña de Rio Turbio, adjudicada en diciembre de 2007 por u$s 665 millones, y ordenó "la inmediata toma de posesión de la obra".

La medida se dispuso tras constatarse que al vencimiento del plazo previsto, el 1 de febrero de 2017, la obra se encontraba inconclusa, los trabajos fueron interrumpidos en marzo de ese año y se requiere de no menos de 24 meses para su terminación.

La resolución 144 de la Secretaría de Energía Eléctrica precisa que el avance físico de la obra principal es del orden del 85%, mientras se constatan diversos grados de progreso (o ninguno) en las distintas variantes aprobadas, "circunstancias que configuran las causales de rescisión previstas".

Los trabajos en Río Turbio fueron adjudicados bajo la modalidad "llave en mano" hace poco más de diez años a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Isolux Corsan S.A., Isolux Ingeniería S.A., Tecna S.A. y Ghesa S.A. En julio pasado, el grupo español solicitó el concurso de acreedores.

Según la resolución que se publicó en el Boletín Oficial, la contratista de la central carbonífera santacruceña "no ha cumplido con su obligación de ejecutar, mantener y reparar las obras conforme a los pliegos licitatorios y las instrucciones de los fabricantes".

Por eso, "algunos equipos presentan daños y deterioros, como el horno y la cámara de quemador auxiliar de la caldera I; el ventilador de tiro inducido y la caja de vientos de la Unidad 1; los generadores, la planta de tratamiento de agua; y la cinta interior de mina 1P5", añadió la resolución.

Como consecuencia del vencimiento de los plazos, Isolux "ha perdido las garantías de los fabricantes de los principales equipos (calderas, turbinas, generadores, bombas de alta presión de alimentación de agua de calderas, condensadores y transformadores)".

El grupo empresario tampoco mantuvo los seguros de responsabilidad civil extra contractual y de todo riesgo construcción, vencidos el 30 de junio de 2017; y de responsabilidad ambiental, vencido el 17 de mayo de 2015, "con el consecuente riesgo para los intereses del Estado nacional".

La medida rechaza, por otra parte, el argumento de "falta de pago" alegado por la contratista y asegura que todos los créditos fueron cancelados en aquellos casos en que Isolux cumplió con los requisitos legales y contractuales.

La resolución dispone por último que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Minería "inicie las acciones judiciales que correspondan para el reintegro del monto que resulte adeudar la contratista, en virtud de la liquidación final de los trabajos y del resarcimiento de todo perjuicio ocasionado al Estado nacional".

Por otra parte, en una causa paralela, por otra parte, la Justicia ordenó la prisión preventiva del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, por una defraudación de $ 500 millones en obras para la mina de carbón de la localidad santacruceña, durante años gobernada por el kirchnerismo. Anoche se conoció que el jefe comunal había sido detenido.

Esos proyectos se cobraron y no se terminaron y es una de las tantas causas judiciales que acecha al ex ministro de Planificación y ahora detenido Julio De Vido.