El Gobierno lanzó un plan nacional de lucha contra la corrupción

La iniciativa publicada hoy en el Boletín Oficial fija lineamientos para una mayor transparencia en el Ejecutivo, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones.. Funcionará en el período 2019-2023.

El Ejecutivo puso en marcha este jueves el Plan Nacional Anticorrupción, iniciativa que establece una serie de lineamientos que buscan garantizar mayor transparencia en la administración del gobierno, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones.

El programa fue oficializado a través del Decreto 258/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, y regirá por un período de cinco años (2019-2023). 

El plan consta de "más de 250  iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas", según señala la norma en sus considerandos.

Estas iniciativas, detalla el decreto, buscan mejorar, entre otros puntos, la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas, el acceso de la ciudadanía a información pública y la rendición de cuentas de transferencias, becas y subsidios.

El plan se lanza tras la consulta pública que la Oficina Anticorrupción realizó en agosto del año pasado, por espacio de cuatro semanas, donde 24 actores de la sociedad civil presentaron 18 propuestas. Estas iniciativas abordan temas como el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la integridad en el sector privado, la educación en ética a nivel escolar, entre otras cuestiones.

El decreto dispone la creación de un Consejo Asesor de a cargo hacer el seguimiento de su implementación, para cuya conformación se convocará a "organizaciones de sociedad civil, del sector privado y a expertos de reconocida trayectoria".

Siguiendo los lineamiento fijados por las convenciones sancionadas en la materia por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la OCDE, la norma crea un mecanismo de seguimiento público, que será diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto", según dispone su artículo 3°.

"El cumplimiento de estas convenciones no solo constituye un mandato de derecho interno, sino que además es una obligación internacional de la que deriva la correlativa responsabilidad y a cuya observancia queda subordinada la reputación del país en la comunidad internacional", resalta el texto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Los ejes

La norma fija tres aspectos centrales sobre los que girará su accionar. Con respecto al primero de esos tres ejes, el de "transparencia y gobierno abierto", dispone medidas destinadas a agilizar el acceso a la información pública, la asignación de transferencias, becas y subsidios más transparentes, un esquema de compras y contrataciones mucho más riguroso que el actual y mecanismos de transparencia fiscal, presupuestaria e inspecciones más exhaustivas.

Al abordar el segundo eje, de “integridad y prevención se establecen también nuevas cláusulas que deberán cumplir todos los ministerios y dependencias públicas de la órbita del Poder Ejecutivo para el empleo público, la prevención de conflicto de intereses y la ética pública.

En tanto, el tercer eje, vinculado con “investigación y sanción , determina un régimen de auditorías internas más complejo, un sistema de seguimiento de maniobras que puedan potencialmente ser lavado de dinero, el esquema de recupero de activos en el marco de hechos de corrupción, y un régimen disciplinario con esquema de denuncias y delaciones para que los funcionarios puedan denunciar sus pares bajo un esquema de protección especial.

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