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El Gobierno implementó cambios en la normativa contra el lavado de activos

La Unidad de Información Financiera (UIF) indicó mediante una resolución que “se pasa de un enfoque formalista a un enfoque basado en riesgos". Incluye a entidades que operan en el mercado de capitales, aseguradoras y despachantes de Aduana.

El Gobierno implementó cambios en la normativa contra el lavado de activos

El gobierno nacional modificó hoy la normativa actual que establece la regulación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el merado de capitales.

Mediante la resolución 21 de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo explicó que el la modificación obedece a “la necesidad de adaptarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

De esta manera, “se pasa de un enfoque formalista a un enfoque basado en riesgos, lo que le permitirá a los sujetos obligados del sector, una vez identificados y evaluados sus riesgos, maximizar sus esfuerzos y asignar sus recursos de manera más eficiente”.  

La medida incluye a entidades que operan en el mercado de capitales, aseguradoras y despachantes de Aduana.

A partir de este cambio, los clientes serán clasificados en base al riesgo como ‘bajo’, ‘medio’ o ‘alto’ y tendrán que cumplir con distintos requisitos de Debida Diligencia.

Esta tarea de identificación y verificación de los clientes no necesariamente tiene que ser efectuada por los sujetos obligados, sino que puede ser tercerizada y los resultados de esa identificación, compartida con otros sujetos obligados si el cliente quiere abrir una cuenta nueva.

Por su parte, los agentes del mercado de capitales van a tener que realizar anualmente una autoevaluación de riesgos anual para determinar el nivel de riesgos, no sólo de sus clientes sino también de sus productos, canales de distribución y zonas geográficas.

“La Autoevaluación de Riesgos incluirá, asimismo, un análisis sobre la suficiencia de los recursos asignados, sumado a otros factores que integran el sistema en su conjunto como la cultura de cumplimiento, la efectividad preventiva demostrable y la adecuación, en su caso, de los controles internos y planes formativos”, señala la normativa.

Una excepción de estos casos es la de los agentes de negociación que pueden hacer la  autoevaluación cada 2 años dependiendo de su estructura y operatoria.

Para garantizar los controles internos, y que los mismos cumplan los propósitos de prevención de lavado y financiación de terrorismo, las entidades financieras que califiquen como sujetos obligados tienen que designar un oficial de cumplimiento, que también va a actuar como nexo con la UIF.