ANALIZAN EL PROCESO PARA LICITAR SEÑALES QUE EL GRUPO DEBE CEDER

El Gobierno, habilitado a poner en marcha un remate para todos con los medios de Clarín

La decisión del Afsca de llevar adelante un plan compulsivo de desinversión permite licitar las señales al mejor postor y también cederlas a precios irrisorios

El lunes próximo, el directorio del Afsca mantendrá una reunión para analizar la embestida contra el Grupo Clarín. De mantenerse el hilo conductor del pensamiento del titular del organismo, Martín Sabbatella, el Gobierno debería iniciar una etapa de remate para todos de los activos que el grupo dueño de Cablevisión, Radio Mitre y Canal 13, entre otras empresas, debería desprenderse para adecuarse a la Ley de Medios.

Según la norma, Clarín tendría que desprenderse de varias señales de TV por cable dado que hoy posee nueve (TN, Volver, Magazine, Quiero Música, Metro, El Trece Satelital, TyC Max, TyC Sports y Canal Rural Satelital). También excedería las licencias bajo las que opera Cablevisión (237 y debería tener 24). Además, según la Afsca, incumple el punto que establece que, en el orden nacional, la multiplicidad de licencias en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más de 35% del total nacional de los habitantes. Las estimaciones del organismo indican que presta servicios de radio a un 41% de la población; de televisión abierta a un 38% y de servicios de TV por cable a un 58%.

Sabbatella ya advirtió que Clarín no puede presentar un plan voluntario de desinversión por tener todos los plazos vencidos. Siempre según su visión, le corresponde al Afsca iniciar el proceso de oficio o compulsivo. La mirada de Clarín es diferente. Entienden en el grupo que, al haber llevado la ley ante la Justicia, los tiempos no corrieron como para el resto de los grupos y que, llegado el caso de querer adecuarse a la norma,deberían tener un año de vigencia.

En el organismo recuerdan que en diciembre del año pasado, Sabbatella se presentó en Clarín para informar el inicio de la transferencia de oficio.

Según esta mirada, la Afsca comenzará ahora a realizar un inventario de las licencias de Clarín, tasarlas, seleccionar las que debe desprenderse y convocar a las licitaciones para entregarlas a otros propietarios.

Este escenario, que defiende el ala más dura del kirchnerismo, incluye un pago a Clarín a modo de indemnización, tal como también lo plantea el fallo de la Corte. La valuación de las más de 200 licencias, entre radios, canales de TV y señales de cable, quedaría en manos del Tribunal de Tasación de la Nación. Una vez que eso ocurra, el directorio del Afsca deberá elegir los activos tasados con menos valor para armar concursos por licencia o grupos de licencias.

Los grupos interesados en licitar, deberían presentar planes de inversión y antecedentes que los califiquen.

Entre los empresarios de medios locales se asegura que este esquema tirará por tierra la valuación de las señales que se le quiten a Clarín. Explican que lo que se licitará serán fierros. Es decir, bienes muebles, propiedades, personal y una señal cuya licencia tendrá plazos no mayores a 20 años. No se venderán con su contenido o market share, que es lo que importa, advierten. Y especulan con los medios a los cuales apunta el Gobierno que son las joyas de Clarín: Canal 13, Radio Mitre, y también reducir a Cablevisión a la mínima expresión y con una sola señal,Metro.

En el grupo advierten que la estrategia oficial es, además, la de ceder estos medios a empresarios amigos. Y si bien Sabbatella garantizó que los procesos de transferencia no pondrán en riesgo ni el servicio a los usuarios ni el empleo en las empresas involucradas, no hay antecedentes que avalen sus palabras ya que la Ley de Medios no fue aplicada ni siquiera para los grupos que voluntariamente presentaron ante la Afsca.

Por eso en Clarín insisten en cuestionar la aplicación selectiva como una constante en la actividad del Afsca. Según el grupo, le permite presentar un plan voluntario al Grupo Moneta; aprobó la transferencia de los medios de Daniel Hadad a Cristóbal López, pese a que la norma prohibe la venta de radios y canales de televisión; y autoriza a Telefónica ser dueña de canales de televisión.

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