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El Gobierno envía el proyecto de "Ley de Lobby" al Congreso

Macri lo firmará y será remitido a Diputados. Es para regular la gestión de intereses. Se creará un registro que obligará a los tres poderes a consignar las reuniones

El Gobierno envía el proyecto de

Remy Denton entra a la Casa Blanca, con la familiaridad de haber trabajado con el ahora presidente Frank Underwood: como empleado de Glendon Hill, va a hacer gestiones por SanCorp, empresa dedicada al gas que se verá perjudicada por un futuro programa oficial.

La escena, reconocible por aquellos fanáticos de House of Cards, no es sólo ficción en los Estados Unidos, donde el "lobby" (o "cabildeo", según las traducciones latinas) está reglamentado por ley. Pero, al contrario de lo que puede pensarse, tampoco es algo anormal en la Argentina, con gestiones menos transparentes. A falta de un marco regulatorio, la actividad se mueve en una zona gris.

Hasta ahora: con la firma del presidente Mauricio Macri, el Gobierno enviará finalmente hoy al Congreso, después de un año de anunciarlo, el proyecto de "Ley de Gestión de Intereses", o "Lobby" resumido. Su función principal es obligar a los tres poderes del Estado a agendar las audiencias, junto a funcionarios de organismos descentralizados. Hoy, a través del decreto 1172, de Acceso a la Información Pública, que firmó Néstor Kirchner, hay un registro online de reuniones pero que sólo alcanza a miembros del Ejecutivo. De aprobarse, legisladores, jueces y embajadores, entre otros, también deberán publicitar sus encuentros. Siempre y cuando sus motivos sean, por ejemplo, discusiones sobre proyectos de ley o cualquier otra norma; la contratación de bienes o servicios; y la elaboración e implementación de políticas públicas.

Su otro principal punto, según el texto al que accedió El Cronista, es la igualdad de trato. Esto implica que si un funcionario recibe a un actor implicado en un debate público (por ejemplo, Telefónica por una nueva norma de telecomunicaciones), está obligado a reunirse también, si se lo solicitan, con otros eventuales afectados (en este caso, a un competidor como Telecom, gremios y a asociaciones de consumidores), para brindar sus puntos de vista.

En el caso de los incumplimientos, como no agendar una audiencia particular, las autoridades de aplicación de cada uno de los poderes, fijará una sanción correspondiente, que podría llegar a pedir la renuncia del funcionario.

Nacida mirando la legislación norteamericana, donde hay un registro de lobbistas "matriculados", su copia argentina terminó más parecida a la chilena, que mutó luego de fracasar una transcripción exacta de la que utiliza Washington. La principal diferencia: si bien en el país hay consultoras o estudios de abogados que ofrecen servicios de gestión de intereses, cualquiera puede hacer lobby.

El proyecto de 13 artículos, que comenzará a debatirse primero en Diputados, fue elaborado por el equipo de Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, bajo la órbita del ministerio del Interior de Rogelio Frigerio.

Si bien fue planificada antes, tal como ya la adelantó este diario en febrero del año pasado, la norma termina formando parte del paquete oficial de transparencia, que incluyó dos decretos presidenciales, lanzado para atenuar los conflictos de interés que tantos dolores de cabeza le dio a la Casa Rosada.