BONOS ATADOS AL CER Y EL CIERRE DE PARITARIAS, LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL DESPLAZO

El Gobierno despidió a Bevacqua del Indec y volvió a generar una crisis en el organismo

El director del Indec, Jorge Todesca, aseguró que la ahora ex funcionaria, tomó decisiones sin consultarlo. Bevacqua dijo que la echaron porque se negó a "los tiempos políticos"

La ilusión de devolverle credibilidad al Indec sufrió ayer un duro revés cuando el Gobierno informó la renuncia de Graciela Bevacqua, la técnica que secundaba a Jorge Todesca y que había vuelto al organismo luego de ser echada por Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo, culpable del manejó inescrupuloso de las estadísticas oficiales.

"La Dirección del Indec informa que en el día de la fecha el licenciado Fernando Cerro (un ex director nacional de Cuentas Nacionales en el Indec entre 1999 y 2008) ha sido designado como Director Técnico del organismo, quien reemplaza en sus funciones a la profesora Graciela Bevacqua", comunicó el Indec.

Sin embargo, más tarde el propio director del Indec, Jorge Todesca, admitió que le pidió la renuncia a Bevacqua porque "no compartía el sentido de urgencia para contar con estadísticas oficiales". Todesca también dijo que la ex funcionaria había fijado un plazo de ocho meses para armar el índice sin consultarlo.

Bevacqua por su parte afirmó, según declaraciones realizadas al diario La Nación, "que la echaron porque se negó a publicar un índice de inflación en los "tiempos políticos" que le requirieron desde el Gobierno y aseguró que ella quería hacer un indicador "estrictamente técnico y creíble".

"Estuve preparando durante todo este tiempo la infraestructura adecuada para hacer desde cero un IPC que no disimulara vicios sino que fuera estrictamente técnico y creíble". "Pese a los avances que en este tiempo se han realizado, resulta imposible con la seriedad que exige la materia hacerlo en los tiempos políticos que las circunstancias requieren".

El Indec viene sufriendo presiones para la publicación en el corto plazo de un nuevo índice de inflación, luego de que Todesca y Bevacqua decidieran desechar la metodología que se utilizó hasta el 10 de diciembre.

El delegado de ATE en el Indec, Raúl Llaneza, señaló en declaraciones al canal de cable TN que la conducción del organismo "está respondiendo a los tiempos políticos" y que los trabajadores están soportando "más presión en estos días que en los últimos nueve años", en los que fueron desplazados por las anteriores autoridades, que respondían a Moreno.

La urgencia del Gobierno radica en que necesita el índice de inflación oficial lo antes posible básicamente por dos motivos. El primero está atado a poder cerrar las paritarias en tiempo y forma. Con los precios subiendo al 4,1% en la Ciudad, cerrar paritarias anuales de 25% se le hace cuesta arriba no solo a los empresarios sino también al Estado. Como el objetivo para bajar la inflación es frenar la economía secando la plaza de pesos (una muestra es el freno a los pagos en la obra pública), contar con un índice oficial que marque una baja le resulta imperioso. El segundo motivo está vinculado a que el Estado tiene 20.000 millones de pesos en bonos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Ante la falta de un índice oficial nacional, el Gobierno decidió utilizar como motor de cálculo la base de la tasa de variación diaria de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto último le genera dudas al mercado y también le podría traer al Gobierno dolores de cabeza en el plano legal. De hecho, y según fuentes del mercado, tenedores de bonos atados al CER, podrían litigar porque se utiliza un índice distinto al original.

El CER se originó tras la pesificación de créditos y deudas en moneda extranjera establecida en 2002, y también se aplica para actualizar las cuotas de los créditos hipotecarios cuya garantía no sea vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Pero más allá de las presiones, de las urgencias o del CER, la renuncia de Bevacqua es un golpe, tal vez el primero, a la credibilidad de un Gobierno que prometió transparencia absoluta en las estadísticas del Estado.

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