El Gobierno celebra demora en el acuerdo Mercosur-UE por la cruzada ambiental contra Bolsonaro

Los 28 países del viejo continente reclamaron que la unión sudamericana ofrezca más garantías de respeto a las normas ambientales, en un redoble de presión sobre el abordaje del Brasil hacia el Amazonas. Con reservas por su impacto local, Fernández aprovecha las trabas en su puesta en marcha. 

Pasado más de año desde la firma que protagonizaron Mauricio Macri, Jaír Bolsonaro, Ángela Merkel y Emmanuel Macron, entre otros, los países de la Unión Europea (UE) continúan divididos acerca de la aprobacion formal del acuerdo de asociación estratégico alcanzado con el Mercosur debido a las preocupaciones que numerosos grupos ambientales y representantes del lobby agropecuario han presentado ante las autoridades de sus gobiernos y en Bruselas por la deforestación del Amazonas y el eventual incumplimiento de las normas europeas ambientales y de sanidad alimentaria.

El comisario europeo de mercado interior, Thierry Breton, sostuvo que "no todo el mundo está de acuerdo" con la ratificación de un tratado de libre comercio del que solamente resta la validación jurídica y su homologación en el Europarlamento, para lo que concierne a la política comercial, y en cada congreso nacional en los capítulos referidos a la asociación política y la cooperación internacional. Breton también aseguró que los socios "definitivamente necesitan más discusiones entre nosotros''.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Valdis Dombrovskis, también declaró que el bloque "toma en serio las preocupaciones que hay en algunos países de la UE sobre el acuerdo de libre comercio con Mercosur, sobre todo con respecto a Brasil".

Tomándoselo personal, la administración brasileña replicó a los oficiales europeos a través del ministro del gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, quien planteó que "naciones, entidades y personalidades extranjeras busca perjudicar a Brasil y derribar el Gobierno Bolsonaro".

 

Una demora que agrada

En Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández pareció recoger el guante al asegurar durante la Presentación del Plan de Políticas Ambientales que "ningún negocio puede ser más importante que preservar el lugar donde vivimos; si fuera de otro modo, privilegiaríamos la rentabilidad de unos pocos en perjuicio de las mayorías".

La controversia ambiental formó parte de las discusiones que Fernández tuvo a comienzos de año con varios líderes europeos durante su gira por el viejo continente. El presidente y el canciller Felipe Solá retrucaron en esas conversaciones que es un exceso pensar que los países del Mercosur no cumplen con las normas medioambientales.

En el fuero privado, Fernández y Solá consideran que la bandera ambientalista es una buena excusa de la UE para dilatar la puesta en marcha de un acuerdo que podría golpear las economías rurales y conducir a un hito en la Política Agrícola Común (PAC) y los millonarios subsidios que año a año se vierten para mantener en pie la industria alimenticia.

Sin embargo, el Gobierno argentino viene practicando una estrategia de laissez faire sobre el tema, lo cual le da respiro en medio de la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas.

La presunción con la que trabajan los funcionarios es que el acuerdo Mercosur-UE sería nocivo para el entramado productivo local, y de allí que se haya manifestado en contra durante su debate por entender que no había evaluaciones de impacto serias. Para resolver esa intriga, la Cancillería firmó un acuerdo con la UBA para desarrollar modelos de análisis que permitan anticiparse a los eventuales perjuicios. El Cronista dio cuenta de algunos de ellos meses atrás.

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