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MIÉRCOLES 20/03/2019

El Gobierno busca seducir a las pymes con una nueva ley de incentivos sectoriales

Tras la baja de aportes patronales para economías regionales, el Ministerio de Producción está trabajando en un nuevo proyecto de ley para el sector. Cuáles serían los ejes y el costo fiscal de la iniciativa.

El Gobierno busca seducir a las pymes con una nueva ley de incentivos sectoriales

El ajuste de costos de las contribuciones patronales para las economías regionales, anunciada el jueves pasado, resultó un alivio para el sector, pero según fuentes empresariales, quedó a mitad de camino.

No logró desactivar el pedido de incentivos a la producción pyme, con empresas entrampadas en un combo que incluye la caída general de la actividad, el nivel de las tasas de interés y la presión impositiva.

Están trabajando contrarreloj para que Macri pueda anunciar el envío del proyecto al Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias el próximo 1° de marzo

Frente a ello, el Gobierno jugará una carta fuerte en las próximas semanas, en el marco de una campaña electoral que empieza a instalarse en la agenda pública.

Desde el Ministerio de Producción y Trabajo quieren cerrar a la brevedad el anteproyecto de ley Pyme, que complementará a la 27.264, sancionada a mediados de 2016, y es considerada una norma con propuestas de segunda generación para impulsar la actividad.

Según pudo saber El Cronista, el proyecto de ley incluirá cinco ejes que apuntan a dar respuesta a las principales demandas del sector:

  • Categorización impositiva de las pymes: se busca generar un esquema gradual de traspaso del Monotributo al Régimen General para responsables inscriptos, evitando un salto abrupto en sus obligaciones. Esto también ayudaría a combatir cierta informalidad que puede producirse al superar los límites de esa figura impositiva, debido a la mayor presión tributaria.
  • Simplificación impositiva: es una especie de ventanilla única y parece ser el corazón del proyecto. Se está trabajando en un esquema de compensación de saldos, que permita reducir la carga impositiva, que representa cerca del 46% para las pymes. Hoy sólo pueden compensarse los llamados saldos de libre disponibilidad (en general, impuestos nacionales) pero no es posible compensar obligaciones aduaneras o previsionales.
  • Incentivos a la inversión: la ley 27.264 preveía destinar al pago de Ganancias hasta el 10% de las inversiones realizadas, un beneficio que finalizó el 31 de diciembre y no se prorrogó. Ahora se está trabajando en morigerar el impacto del anticipo de Ganancias o algún otro impuesto, a la vez que habría incentivos para inversión en equipamiento de última generación o productos que apunten a la eficiencia energética como la compra de productos de línea blanca en 12 cuotas.
  • Factura electrónica conformada: en el marco de la ley de financiamiento productivo aún no se reglamentó la factura electrónica conformada.
  • Blanqueo laboral: aún no está confirmado pero una opción es que integre el paquete. El objetivo es que, tras el blanqueo laboralhaya un bloqueo hacia atrás para que no pueda haber juicios retroactivos. “Es una forma de contribuir a formalizar parte de la informalidad”, dicen desde las pymes. Este blanqueo había quedado fuera de la reforma impositiva de fines de 2017.

Se estima que el costo fiscal de las medidas en estudio podría subir a $ 3000 millones

Agenda de trabajo

En principio, estaba previsto convocar para ayer a una nueva reunión del Consejo Pyme, donde el proyecto de ley iba a formar parte del orden del día, pero luego fue postergado y ahora se espera que la reunión se realice durante la próxima semana.

Entre las entidades representativas del sector ya está circulando un borrador del proyecto, que el ministro de Producción, Dante Sica, y el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, buscan consensuar antes de que el presidente Macri inaugure las sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo. Falta poco tiempo pero se está trabajando contrarreloj.

Se especula que el discurso presidencial podría incluir algún anuncio relevante para las pymes, que actúe como bálsamo para el sector. Pero no será fácil llegar a una propuesta final consensuada. Ni siquiera dentro del propio Gobierno.

Teniendo en cuenta que cualquier beneficio impositivo tendrá un costo fiscal, la clave para el ministro Sica es convencer a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, de la conveniencia de avanzar en la nueva ley, con incentivos para el sector. Pero para ese momento necesita tener asegurado el respaldo de las entidades representativas del sector.

En Coninagro opinan que con medidas de estímulo se recaudará más que el costo fiscal que suponen.

Algunas versiones indican que el costo fiscal rondaría los $ 3000 millones anuales. Aunque no confirmó este número, Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) explicó que “sacando las retenciones y volviendo a poner los reintegros la vitivinicultura puede exportar por u$s 1300 millones y el costo fiscal es cerca de u$s 300 millones”.

En su opinión, algo similar pasaría con medidas de impulso a la actividad de las pymes. “Es una desfinanciación temporaria pero después el Gobierno va a recaudar más que lo que está recaudando hoy con la recesión que hay”, indicó.

En la alimentación piden un neteo de retenciones y reintegros a las exportaciones

Sobre el punto que se refiere a la simplificación impositiva, Daniel Funes de Rioja, titular de Copal, aseguró que el Gobierno “ha sido muy concreto en la posibilidad de una especie de ventanilla única y la intención es buena”. Y agregó que desde la entidad vienen pidiendo un “neteo para el pago de retenciones y reintegro de exportaciones”, compensando uno con otro y pagando sólo el saldo.

Proyecto para productores de frutas y verduras

En este sentido, ayer el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto envió una nota al ministro de Hacienda en la que solicita  que se reglamente "de manera urgente" el artículo 90° de la Ley de Presupuesto 2019, según el cual los exportadores de frutas y vitivinicultura tendrían un plazo de  espera de 90 días corridos, sin intereses, para la liquidación de los derechos de exportación, establecido por el artículo 1° del decreto 793 del 3 de septiembre de 2018.

Y concluye: "Esta medida permitirá dar un alivio fiscal y financiero a estos sectores que tanta relevancia tienen dentro de los sectores productivos de nuestro país.  

Marcelo Fernández, presidente de CGERA, destacó, por su parte, que “estamos trabajando en temas impositivos y necesidades en cuanto a la fuerte carga tributaria que tenemos las pymes” y también “bajar la carga de Ganancias en determinados porcentajes para poder reinvertir utilidades y así volver a crecer".

Comentarios1
ernestodesanisidro
ernestodesanisidro 22/02/2019 10:35:30

Esto lo escuche en un programa de radio hace varias semanas. Estan un poco atrasados con las noticias.Ademas: desde el 1er dia de su gestion macri esta hablando de las Pymes. Y el ya sabemos: ES DEPRIMENTE. No dibuejn mas muchachos

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