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El Gobierno busca acelerar la ley que sanciona a empresas corruptas

El proyecto fue elaborado por la Oficina Anticorrupción y enviado el año pasado al Congreso. La iniciativa establece que las personas jurídicas podrán ser sancionadas por incurrir en delitos de corrupción.

El Gobierno busca acelerar la ley que sanciona a empresas corruptas

El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, al que el presidente Mauricio Macri aludió hoy durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, fue elaborado por la Oficina Antiocorrupción y enviado al Congreso en octubre del año pasado para su debate.

“La ética y la transparencia no es sólo una obligación del sector público sino que compromete también al sector privado. Por eso, siguiendo los más altos estándares internacionales, pido al Congreso que debata y sancione la ley de Responsabilidad Empresaria”, sostuvo el presidente durante su alocución.

Según la OA, la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas representará un avance significativo, ya que establece que las personas jurídicas (empresas, fundaciones, asociaciones civiles) podrán ser sancionadas (por ejemplo, a través de multas) por incurrir en delitos de corrupción.

Hasta este momento, el sistema jurídico argentino solo prevé que las personas físicas (las personas individuales) pueden ser sancionadas o penadas por cometer delitos de corrupción.

Al respecto, Laura Alonso afirmó: “Hay una demanda incesante de la sociedad argentina por transparencia y control, tanto al Estado como al sector privado. En este contexto, la colaboración es clave”.

“Esta ley prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos: tanto el funcionario que solicitó un soborno como la compañía que lo pagó”, agregó.

El objetivo del proyecto de ley es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos -sanciones y mitigación de ellas por tener normas de integridad- para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad y 'compliance'.

Para la Oficina Anticorrupción es fundamental que el Congreso de la Nación apruebe en 2017 este proyecto de ley, requisito indispensable para incorporar a nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al aprobar esta ley -que ya la tienen otros países como Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia-, Argentina cumplirá con los compromisos internacionales ya asumidos al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción o la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE.

De hecho, el país es el único de las 41 naciones ratificantes de la Convención OCDE que no tiene una ley de responsabilidad de las personas jurídicas.