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El Gobierno avizora mayor conflictividad en las calles

Con la campaña electoral en ciernes, el gobierno nacional espera un incremento de las marchas y los piquetes. En el oficialismo creen que esa conflictividad creciente estará motivada por las disputas al interior de cada espacio político, en medio de la puja por el cierre de listas. Para las organizaciones sociales, sin embargo, la razón de los potenciales conflictos será otra: la crisis social que afecta a los sectores más desprotegidos.
En los últimos días, el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, recibió un pedido de parte de los delegados territoriales de la CTA de Pablo Micheli: 25.000 nuevos planes sociales. Según fuentes oficiales, se trata casi del 10% de los planes que hoy incluyen Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado, entre otros programas vinculados a la economía popular.
Para el Ejecutivo, la magnitud del pedido fue alarmante. Cerca de Stanley no creen que haya intenciones de negociar.
A fin del año pasado y acorralado por la conflictividad en las calles, el Gobierno aceptó la sanción de la Ley de Emergencia Social. Con ello, desactivó las protestas durante algunas semanas, aunque la excesiva demora en reglamentar la iniciativa provocó nuevas manifestaciones y terminó convirtiendo a marzo en uno de los meses más conflictivos, pues se juntaron las protestas de los movimientos sociales con las de los trabajadores asalariados.
Según un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político, en marzo hubo 16 cortes de calle por día en la Ciudad y 518 piquetes en todo el país, lo que significó un aumento del 118% respecto febrero.
De cara a los próximos meses, la Casa Rosada ya prepara su estrategia. Auditorías de los proyectos presentados por los movimientos sociales en el marco de la Emergencia Social y batalla comunicacional están al tope de ese plan.