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El Gobierno apura formalidades para llegar a octubre con nueva tarifa de gas

El Enargas y el Ministerio deben presentar dos informes: el primero, en plazo menor a 10 días; y otro en 30 días. Quieren nuevas tarifas para principios de octubre

Luego de tres días de exposiciones, terminó ayer la audiencia pública por las tarifas de gas

Luego de tres días de exposiciones, terminó ayer la audiencia pública por las tarifas de gas

Finalizada ayer la audiencia pública por la tarifa de gas, que fue un requisito explicitado por la Corte Suprema de Justicia para que se pueda avanza con el nuevo cuadro tarifario propuesto por Juan José Aranguren, el Gobierno apura la presentación de informes reglamentarios para llegar a los primeros días de octubre con los nuevos valores en las boletas.

Ahora el Enargas deberá presentar un informe de cierre, en un plazo no mayor a 10 días, en el que tiene que volcar las exposiciones de la audiencia. A su vez, deberá dar cuenta de su realización con la publicación en el Boletín Oficial (además de un informe en la página web del organismo).

Luego, y en no más de 30 días de recibido ese informe, el Enargas y el Ministerio, "en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán fundamentar su resolución final y explicar de qué manera ha tenido en cuenta las opiniones de los participantes de la audiencia", explican desde la cartera dirigida por Aranguren.

"No hay plazos mínimos para la presentación de los informes", reconoció ayer en diálogo con El Cronista el propio ministro, minutos antes de la conferencia de prensa de cierre de la audiencia. También dijo que el nuevo cuadro tarifario, para el cual el Gobierno propone la suba promedio de 203%, entrará en vigencia en "los primeros días de octubre". Es decir, no necesariamente será el 1º del mes próximo.

Luego de tres días en los que 420 oradores expusieron (y otros 100 no se presentaron), y en los que Aranguren estuvo presente en las jornadas de más de 13 horas, el ministro aseguró que se van a considerar los planteos expuestos. "Con lo que acá hemos escuchado, tenemos la obligación de producir un informe para que se reflejen todas las voces dentro de los próximos 10 días y luego, dentro de los 30 días, tenemos que estar emitiendo el informe definitivo que será la base para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública", detalló.

"Antes de hacerlo, vamos a estar comunicando a todos los medios de prensa las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos", sostuvo Aranguren en la conferencia de prensa, al término de la tercera jornada de audiencia llevada a cabo en la Usina del Arte.

Si bien por ahora el Gobierno admite que puede haber cambios en la propuesta oficial, Aranguren ayer volvió a mencionar los incrementos promedios de 203% y, que los usuarios residenciales que menos consumen, recibirán una factura promedio de $ 107 antes de impuestos. Un punto importante que mencionó el ministro es que, tras las audiencias, el Gobierno considerará la situación de las pymes y del gas natural comprimido (GNC). "Reconocemos que hay casos que tenemos que reformular. Lo vamos a hacer en base a presentaciones de CAME (Confederación de la Mediana Empresa)" y similares, aseguró Aranguren.

Frente a la pregunta de El Cronista de cómo un mayor valor del dólar en los próximos meses podría afectar el cuadro tarifario, dijo que, al evaluar qué sucede con los precios internacionales y su incidencia en el valor final de las tarifas, el Gobierno decidirá en cada semestre si se trasladar a los consumidores o se efectua la reducción de subsidios de manera más paulatina que la prevista.

La audiencia por las tarifas de gas se llevó a cabo en la Usina del Arte, que estuvo sitiada varias cuadras a la redonda mediante un gran operativo de seguridad. Aranguren fue el encargado de la apertura el viernes. Hubo exposiciones también de legisladores de la oposición, de empresas y de asociaciones de defensa del consumidor, entre otros.

Las principales críticas estuvieron concentradas en la falta de información sobre el precio del gas a boca de pozo, la dolarización de las tarifas y las dificultades para acceder a la tarifa social.