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El Gobierno apura el jaque mate contra Gils Carbó, que prepara la contraofensiva en la Justicia

Esperan conseguir los votos en Diputados y Senadores y limitar el mandato del procurador a cuatro años. Así, la jefa de fiscales debería irse a fines de agosto

La procuradora Alejandra Gils Carbó todavía resiste el embate de Justicia

La procuradora Alejandra Gils Carbó todavía resiste el embate de Justicia

El 29 de agosto, en dos meses exactos, Alejandra Gils Carbó cumplirá cuatro años como titular de la Procuración General. Pero esa fecha, más que un recuerdo feliz para la jefa de los fiscales, supondrá el vecimiento de su mandato si prospera en el Congreso de la Nación la iniciativa oficial para reformar la Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Los 60 días de distancia estarán cargados de ofensivas y contraofensivas que terminarán con la tregua sellada el pasado 10 de diciembre entre el Gobierno y la funcionaria.

El proyecto que impulsa el macrismo para limitar las funciones de Gils Carbó ha sumado cuestionamientos de diferentes sectores, incluso de legisladores afines como la diputada Elisa Carrió, que cree que a la procuradora se la debe sacar de su cargo mediante un juicio político pero no a través de una ley "con nombre y apellido".

Carrió presentó ayer su pedido de jury, al que se sumó parte del radicalismo y del macrismo, en el que acusa a a Gils Carbó por "ilegal designación de fiscales" y "parcialidad" en investigaciones que involucran a ex funcionarios kirchneristas. No obstante, insistió en promover un proyecto que fije un mandato de diez años para los procuradores generales y no de cuatro como pretende el macrismo.

La iniciativa oficial, que encabeza el ministro de Justicia Germán Garavano, avanza en el Congreso. Hoy podría obtener dictamen en la Cámara de Diputados y ayer, según supo El Cronista, se cerró el acuerdo con senadores de la oposición para obtener la mayoría y lograr la media sanción de la ley. Del texto original, tras las negociaciones, quedarán afuera los cuatro procuradores adjuntos que se sugirieron, pero hay consenso para que el mandato sea de cuatro años, con una eventual reelección que dependerá del Senado si lo aprueba con los dos tercios de sus miembros, idéntico requisito al que existe en la actualidad para nombrar a un procurador en su cargo.

Cambiemos maneja un puñado de nombres para ocupar el lugar de Gils Carbó, varios de ellos de alto perfil mediático, entre los que sobresale José María Campagnoli, el fiscal de Núñez y Saavedra que hace dos años fue apartado temporalmente de su cargo y sometido a un juicio político que finalmente no se concretó por haber cambiado el objeto procesal de una investigación vinculada a Lázaro Báez. Gils Carbó, como su jefa, fue la promotora de ese fallido jury, que el kirchnerismo –entonces Gobierno– asimiló como propio.

A Campagnoli lo respalda Carrió, justamente, y el macrismo lo ve con buenos ojos, pero su nombre no cuenta con el aval de muchos de sus colegas, principalmente los fiscales federales de Comodoro Py, que manejan las causas sensibles que involucran a funcionarios. También surgen con chances fiscales con trayectoria como Ricardo Sáenz o Germán Moldes. Aunque no se descarta a un "tapado".

Pero Gils Carbó también prepara su contraofensiva. Fuentes de la Procuración claman que la ley que busca sacar el macrismo es "claramente inconstitucional" y reconocen que están listos varios pedidos para judicializarla, en el ámbito nacional, como también en tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gils Carbó, de 58 años, tiene mandato vigente hasta los 75 de acuerdo a la Constitución Nacional y sólo puede ser apartada por mala conducta. La nueva Ley, argumentan desde su riñón, "es violatoria" a esos derechos.

Cabe recordar que Gils Carbó fue promovida en 2012 por Cristina Fernández de Kirchner y avalada por los dos tercios del Senado. Su postulación surgió luego del fallido intento kirchnerista por impulsar al ex titular de la Sigen, Daniel Reposo. En el cargo reemplazó al veterano Esteban Righi, que había renunciado en abril de ese año luego de que el ex vicepresidente Amado Boudou, en el nacimiento de la causa Ciccone, lo involucrara –a él y a su familia– en ilícitos que nunca se comprobaron y que derivaron en un expediente que luego fue cerrado por la Justicia.