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El Gobierno amenaza con bajar gastos para obras previstos en $ 200.000 millones

Presionados por el proyecto opositor para reformar Ganancias, varios funcionarios advirtieron que habrá que resignar partidas para asumir el costo fiscal de $ 132.000 millones

Las obras de infraestructura son parte de la negociación entre el Gobierno y las provincias

Las obras de infraestructura son parte de la negociación entre el Gobierno y las provincias

Las advertencias, casi a modo de amenaza, del Gobierno a los gobernadores para evitar a toda costa que los senadores aprueben el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias se concentraron en los recursos que la Nación tiene presupuestados para asignar a las provincias en concepto de transferencias discrecionales.

Horas antes de comenzar ayer el debate en la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, diversos funcionarios enfatizaron que si la iniciativa se convierte en ley, reducirán los envíos a las provincias y los fondos previstos para obra pública. Entre giros corrientes y de capital a gobiernos provinciales y municipales e inversión real directa, la administración de Mauricio Macri prevé gastos por poco más de $ 200.000 millones, de acuerdo con las cifras plasmadas en el Presupuesto 2017.

"No sé qué hará el Presidente si sale la ley. Lo que sé es que me pidió que hagamos una evaluación de cómo compensaríamos ese aumento del costo fiscal del nuevo proyecto. Y el impacto se analizaría sobre dos rubros: reducir las transferencias a las provincias, ya que hay giros que la Nación tiene la discreción de hacer o no hacer; y por otro lado, bajando la obra pública", expresó el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui. También se refirió al tema el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, quien envió un mensaje similar respecto de lo que resignarían para cubrir los $ 132.000 millones de costo fiscal que tiene el proyecto de la oposición. "Es una cifra monumental que equivale a toda la obra pública del año que viene", remarcó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

De acuerdo con la ley de Gastos y Recursos de 2017, las transferencias corrientes a los gobiernos provinciales están previstas en $ 57.964,7 millones, en tanto que las destinadas a los municipios alcanzarán los $ 3519,4 millones. Estos fondos se destinan, principalmente, a financiar gastos corrientes. Ayudan a cubrir los rojos provinciales, pero también apuntan a fortalecer políticas públicas impulsadas desde el gobierno nacional, como el Fondo de Incentivo Docente o el Plan Nacer.

A su vez, los gobernadores reciben fondos discrecionales para obras denominadas transferencias de capital. Para el año próximo, están presupuestados envíos por $ 66.511,2 millones para gobiernos provinciales y $ 16.153,2 millones para los municipios. En el primer caso, el crecimiento respecto de lo recibido este año alcanzará casi al 25%, mientras que los giros a gobiernos locales habrá trepado 85,6%.

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sobre inversión pública precisó que del total de transferencias de capital previstas para 2017, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán las más beneficiadas, con partidas de $ 27.028 millones y $ 16.748,4 millones respectivamente. Luego le sigue Santa Fe, con $ 5630,5 millones; y en cuarto lugar se ubica Córdoba, con $ 4850.4 millones previstos. Salta y Chaco son otras dos provincias que recibirán más de $ 4000 millones.

Del total de transferencias de capital, quedarían afuera del recorte previsto por el Gobierno (si llegara a aprobarse la reforma de Ganancias) las que surgen del Fondo Solidario de la Soja, ya que se compone del 30% de las retenciones a la soja y se destina a las provincias de modo casi automático. Sobre este dinero, habría menos margen para recortar.

El Gobierno también planteó que podría hacer menos obras de las previstas. En este caso, podría disminuir las partidas previstas para Inversión Real Directa, concentrada básica mente en el área de Vialidad. El monto total previsto para ello asciende a los $ 65.474,5 millones, según el informe de ASAP.