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El Gobierno aceptará cambios al proyecto de jubilación y blanqueo: qué piden los especialistas

El PRO y el propio Macri confirmaron que modificarán la redacción de un artículo que establecía una mordaza a la difusión de datos del blanqueo. En el comienzo del debate en comisiones, hubo críticas a las condiciones para los jubilados y pedidos por el Fondo de la ANSeS. Y respaldo para los principales cambios impositivos.

Debate en comisiones

Debate en comisiones

El proyecto ómnibus del Gobierno que incluye desde el pago de las deudas judiciales a los jubilados y la creación de una pensión universal al blanqueo de capitales, pasando por una serie de cambios impositivos y otros vinculados al Fondo de Garantía de Seguridad de la ANSeS, comenzó a ser tratado en comisiones de la Cámara de Diputados, que tienen previsto sacar dictamen la semana próxima.

Al inicio de la reunión, el diputado Fernando Sánchez (CC-Cambiemos) confirmó que el texto original sufrirá modificaciones.

Salvo por un punto específico, el legislador no especificó qué cambios son los que sufrirá el texto antes de llegar al recinto de la Cámara baja, pero otros legisladores adelantaron algo y, junto con los apoyos a distintos tramos del proyecto, hubo críticas puntuales de diputados y especialistas que hoy pasaron por el debate en comisiones.

La “mordaza” del artículo 85

El diputado de izquierda Néstor Pitrola se pronunció taxativamente en contra del artículo que castiga penalmente a quien difunda los nombres de los que se acojan al blanqueo y que fue interpretado ampliamente como una “ley mordaza”. El punto en cuestión también fue criticado por otros expositores.

En declaraciones radiales, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aseguró ya esta mañana que la imposición de penas de prisión y multas a funcionarios y terceros, incluso periodistas, que divulguen esa información “ya está en una ley vigente”, pero admitió la posibilidad de modificar el agravamiento de las multas incluidas en el texto.

El propio presidente Mauricio Macri coincidió en que "seguramente se va a debatir" ese punto en el Congreso. Y, en línea con lo que más temprano había dicho Monzó, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, precisó el alcance del cambio que el Gobierno aceptaría: dijo que se aplicarán las sanciones previstas en el Código Penal a los funcionarios que violen el secreto fiscal pero que los periodistas quedarían exceptuados.

El también legislador oficialista Pablo Tonelli admitió por su parte la necesidad de “precisar y revisar” la redacción de ese punto para “alejar las dudas y suspicacias”. Y el mismo Sánchez aseguró que "para que no queden afectados los derechos de los periodistas", van a modificar el artículo en cuestión.

El Fondo de Garantía de la ANSeS

El exdiputado alfonsinista Eduardo Santín advirtió sobre su eventual liquidación al resaltar que se trata de un instrumento pensado “para darle previsibilidad al sistema y de apalancamiento de la economía” y que “el Fondo dio el año pasado remanentes de cerca de 80 mil millones” que es lo que , dijo, “garantiza que hay un sistema fuerte en la Argentina”.

En la misma línea, el titular de la CTA ex kirchnerista, Hugo Yasky, sostuvo que el FGS de seguir garantizando “que el sistema público de reparto siga siendo sustentable” y que “cualquier proyecto que en el mediano plazo invente fórmulas para saldar una deuda” legítima puede derivar a una situación “que tal vez en unos años lleve a decir que la solución es privatizar el sistema jubilatorio”.

También el Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, pidió preservar el Fondo.

Al respecto, Monzó sostuvo que el Poder Ejecutivo sólo pretende “tener la herramienta disponible en el caso que haya algún riesgo en la desvalorización de las acciones”, algo que, dijo, funcionó hasta que en octubre de 2015 que “se aprobó una ley que le dio más blindaje a esas acciones”, aunque no descartó cambios si representan “una mejora a esta herramienta”.

Condiciones para los jubilados

Santín, especialista en asuntos previsionales, y Jorge García Rapp, profesor de la Universidad de Buenos Aires, desestimaron que la ley vaya a alcanzar a 2,5 millones de pasivos, como afirma el oficialismo, y calcularon que a lo sumo beneficiará a un millón. “Estamos hablando del 15% de los jubilados. Entonces ‘reparación histórica’ es un título un poco ampuloso”, sostuvo el exdiputado.

Santín criticó además las condiciones que se imponen para los pagos de quienes no tienen sentencias definitivas a favor porque, apuntó, “les van a clausurar la posibilidad de seguir los juicios”. “Van a extorsionar a los jubilados para que acepte la transacción”, disparó.

También cuestionó que se fije en 65 años la edad de la mujer para recibir la pensión universal porque la jubilación femenina es a los 60 años debido a que, apuntó, se “parte de la base de que (la mujer) tiene una doble condición, trabaja dentro y fuera de su casa”.

Junto a García Rapp, criticaron que se establezca para el ajuste de las jubilaciones el índice RIPTE en vez del Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC).

Por su parte, Semino pidió actualizar la jubilación mínima porque, dijo, “con esa plata nadie vive”.

Respaldos a los proyectos impositivos

En las exposiciones, Humberto Bertazza, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, calificó como positivo tanto al blanqueo, porque, dijo, facilitará la regularización de activos antes de que a partir de 2017 entre a regir el sistema de intercambio de información mundial para terminar con los paraísos fiscales, como la eliminación de Bienes Personales a partir de 2019.

Del Centro Tributario, César Litvin, coincidió en celebrar la extinción de ese tributo que,  dijo, “nació mal porque el verdadero indicio para contribuir con el Estado es el patrimonio y no solamente los bienes”.

Carlos Abeledo, de la Unión Industrial Argentina, resaltó el beneplácito de la entidad por la creación de la comisión bicameral de reforma tributaria para estudiar más cambios impositivos.

Fuente: Agencias y El Cronista