Martes  21 de Julio de 2020

Avanza presión kirchnerista sobre Edesur y una norma de De Vido permite la estatización en 2022

El kirchnerismo dice que no busca quitarle la concesión a la eléctrica. La empresa le reclama $ 3000 millones a los intendentes. Una norma de fines de 2006 habilita al Estado a pagar por las acciones de la firma y terminar con la era de la privatización

Edesur: avanza la presión kirchnerista y una norma firmada por De Vido permite la estatización en 2022

La presión que ejerce desde hace dos semanas el kirchnerismo sobre Edesur por los recientes cortes de luz en el conurbano bonaerense todavía no se materializó en medidas concretas respecto a las tarifas y a la concesión de la empresa.

Sin embargo, logró alterar los ánimos en la distribuidora de energía eléctrica, atenta a que desde el Gobierno no surja la idea de una expropiación o una intervención, como sucedió con el caso Vicentin a principios de junio.

Frente a la consulta de El Cronista, una fuente del kirchnerismo planteó: "No buscamos quitarle la concesión a Edesur como objetivo político en sí. El objetivo de los intendentes es encontrar los mecanismos para que sus vecinos tengan luz".

"La empresa tuvo ganancias exorbitantes y no invirtió nada. Los aumentos considerables de sus tarifas no se reflejaron en una mejor calidad del servicio; la energía se sigue cortando, lo que muestra que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) estuvo mal hecha", sostiene una parte de la coalición gobernante.

Un informe del interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo Richards, recomendó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, declarar nula la RTI realizada en 2016, que tiene vigencia entre febrero de 2017 y enero de 2022.

De ese modo, se podría desandar el sendero de los aumentos de las tarifas aplicados por el equipo de Mauricio Macri, aunque es un camino que, según fuentes del mercado, es poco probable transitar.

Más bien, el sector cree que el Gobierno busca herramientas para ganar poder de negociación y congelar las tarifas por un extenso período de tiempo.

Durante la cuarentena, Edesur reconvirtió un centro de capacitación en Ezeiza e instaló camas sanitarias para ayudar a tratar los efectos del nuevo coronavirus

Al margen, las normas legales indican que entre fines de este año y mediados de 2021 se debería ejecutar un nuevo proceso de RTI, para fijar las tarifas quinquenales entre febrero de 2022 y enero de 2026.

Allí, el Estado podría hacer uso de una norma firmada el 28 de diciembre de 2006 por el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, para competir en una licitación internacional por las acciones de Edesur y terminar con la era de la privatización, abierta en 1992.

El Decreto 1959/2006, publicado el 8 de enero de 2007 en el Boletín Oficial, ratificó un "Acta Acuerdo" de renegociación contractual y la Adenda a la concesión, trabajada hasta el 15 de febrero de 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente.

La norma también está firmada por la ministra de Economía y Producción, Felisa Miceli, y en su cláusula vigésima estipula que el período de gestión del concesionario finalizará a los 5 años de la última RTI.

El contrato de concesión de Edesur, regido por la Resolución 170/92 de la Secretaría de Energía Eléctrica (firmada el 31 de agosto de 1992) marca entre los artículos 5° y 11° los términos para que el propietario de la distribuidora, que ahora es el grupo italiano Enel, ponga a disposición sus acciones en una licitación pública internacional.

El oferente que supere el precio mínimo en el cual el propietario valúa sus acciones podría quedarse con la empresa.

"Quien hace la oferta más alta se queda con la compañía. El propietario también tiene la potestad de ejercer la cláusula de salida e irse. Pero para eso el cálculo tarifario que haga el Gobierno en la nueva RTI debe ser interesante", explicaron en el sector a este diario.

Dentro de 18 meses, el kirchnerismo le podría dar una salida elegante a los actuales dueños de Edesur sin que ello motive juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En pleno proceso de congelamiento de las tarifas por más de 8 años, el 5 de julio de 2007 el ENRE emitió la Resolución 466/07, que ratificó los términos del Decreto 1959/06. La resolución fue firmada, entre otros, por el entonces vicepresidente Ricardo Martínez Leone.

Este técnico chaqueño fue nombrado el 16 de enero de 2014 como titular del ENRE por el Decreto 54/14 de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y se mantuvo en su cargo durante los primeros años de macrismo, en donde condujo el último proceso de RTI, que ahora cuestiona el kirchnerismo.

Las últimas movidas

La cohesión mostrada por el Frente de Todos en relación a Edesur se forjó hace dos semanas con protestas de los intendentes del sur del Gran Buenos Aires (GBA).

Picó en punta la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y tuvo el acompañamiento de Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), todos del peronismo.

Como contó El Cronista el pasado 14 de julio, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof se reunió con el ENRE y siguió de cerca el asunto junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

Este domingo, el Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, criticó: "Los vecinos y vecinas del conurbano soportan desde hace varias semanas los constantes cortes de luz de Edesur. La empresa tiene la obligación de dar una respuesta urgente y brindar un buen servicio".

Mendoza, en tanto, apuntó: "La pregunta es dónde está la plata que ganó Edesur durante los 4 años de Macri".

Este martes, llegó la respuesta oficial de la empresa. La firma adujo que invirtió u$s 720 millones en los últimos cuatro años y que bajaron 40% la duración de los cortes de energía eléctrica, de 32 horas por año por cliente a 19 horas, en promedio.

Por otro lado, Edesur recordó que los municipios del GBA le adeudan $ 3000 millones por el consumo de energía de los barrios populares (también llamados "villas de emergencia" o "asentamientos"), que los usuarios finales no pagan.

La deuda se acumuló desde 2011 y estaba en manos de la provincia de Buenos Aires, pero la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, transfirió a los intendentes ese pasivo.

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