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Ley ómnibus: con parte de la oposición y el voto negativo del FPV, el macrismo se encamina a la media sanción

La Cámara baja podría aprobar el proyecto de pago a jubilados y blanqueo, en general, pasada la medianoche, mientras el tratamiento en particular se extendería hasta las primeras horas de  la madrugada.  

 

La Cámara de Diputados continuaba debatiendo el proyecto de ley ómnibus impulsado por el Poder Ejecutivo que contempla el pago a los jubilados que llevan adelante juicios por reajuste de haberes y la puesta en marcha de un plan de blanqueo de capitales, que el oficialismo aspira a aprobar esta madrugada.

El proyecto contempla además la eximición, para quienes no declaran bienes personales o declaran un patrimonio menor a 800.000 pesos,  del pago del impuesto a las Ganancias en la primera cuota del Salario Anual Complementario-Aguinaldo. 

La sesión se inició a las 11.15, 45 minutos después de lo previsto, con la presencia de 129 diputados y sin los legisladores del Frente para la Victoria, que bajaron al recinto una vez que el oficialismo logró reunir quórum.

El proyecto contaría con el respaldo de alrededor de 180 legisladores, entre los que se cuentan 90 del oficialismo, 35 del Frente Renovador-UNA, 15 del bloque justicialista y 10 de otros bloques menores como el Frente Cívico de Santiago del Estero y Juntos por una Nueva Argentina-conducido por el ex massista y ex kirchnerista Darío Giustozzi.

En tanto, desde el Frente para la Victoria adelantaron que votarán en contra del proyecto. Por la mañana, parte de los diputados que preside Héctor Recalde se concentraron en la puerta del Congreso con un grupo de jubilados en rechazo al texto acordado en comisión la última semana. 

 

 

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Héctor Daer (Frente Renovador), aseguró que “es muy bueno que hoy estemos discutiendo esto y que podamos seguir adelante con esta solución”, en alusión a la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional para que el Poder Ejecutivo firme acuerdos con los jubilados, para pagarle los juicios que iniciaron contra la Anses por la liquidación de sus haberes.

A su turno, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el macrista, Luciano Laspina, afirmó que se trata “de una decisión valiente del presidente Mauricio Macri de estricta justicia que pone a nuestro sistema previsional conforme a derecho” y aclaró que la iniciativa “construye sobre lo hecho y no viene a dinamitar ninguna de las mejoras que se dieron en los últimos años en el sistema previsional”.

En tanto, desde el Frente para la Victoria, el diputado del FPV y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que si bien las intenciones  del proyecto “son buenas”, anticipó el rechazo de su bloque que presentó un dictamen propio y consideró que “se habla de una merecida reparación pero se trata de una reparación dudosa y con algunos elementos que puede terminar con algo que rompa, no que repare”.

También, en esa línea, el diputado del FPV, Juan Carlos Díaz Roig, ex presidente de la comisión de Previsión Social de la cámara baja, cuestionó el proyecto y advirtió que “éste es el primer paso para volver al sistema de capitalización”, a la vez que llamó a defender  el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Desde el socialismo, la diputada santafesina Alicia Ciciliani, adelantó que ese bloque respaldará en general el proyecto y puso de relieve los cambios incorporados al proyecto original que, dijo, “han mejorado sustantivamente” la iniciativa, al afirmar que “no es la ley perfecta que el socialismo quería pero es la ley posible en el marco de la democracia porque así avanzan las sociedades”.

A su turno, desde el FIT, Néstor Pitrola, advirtió que “estamos ante otra ley fundacional de la reorganización económica contra el pueblo trabajador que está en marcha” y sostuvo que “es una ley de malas intenciones”, a la vez que señaló que “se trata de un monstruo legislativo que trata de confundir pero su esencia es un acuerdo nacional del capitalismo offshore”.

El oficialismo aceptó introducir algunos cambios que no formaban parte de su agenda, como la eximición del pago de ganancias del aguinaldo de junio y la cobertura de los déficits de las cajas provinciales.

No obstante, consiguió mantener los aspectos centrales del proyecto como la declaración de la emergencia previsional, la posibilidad de levantar la traba legislativa para vender acciones de empresas privadas que se encuentran en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras cuestiones.

Uno de los puntos centrales acordados entre el oficialismo y la oposición estuvo centrado en los impuestos y las deudas provinciales, tanto para aquellos que necesitan cubrir los déficits de las cajas jubilatorias como aquellas que las cedieron pero tienen deudas con la Nación que, finalmente, las podrán cancelar en noventa meses.

En cuanto al tema tributario, se decidió quitar del proyecto el artículo 70 que preveía eliminar el impuesto a los bienes personales desde el 2019 pero mantuvo la disminución de la alícuota, y estableció que aquellos que no blanqueen capitales pero tienen sus deudas al día no pagarán por tres años este tributo.

También incorporó la posibilidad de que aquellos que no tengan bienes inferiores a 800.000 puedan acceder al beneficio de que no se les retenga el impuesto a las ganancias cuando perciban el aguinaldo en junio.

Otro cambio significativo está vinculado con la edad jubilatoria, ya que se estableció que habrá una moratoria para las mujeres por un plazo de tres años para que puedan acceder a la jubilación dado que la pensión por la vejez (que representa el 80 por del haber mínimo) se aplicará desde los 65 años.