APUNTAN A LOS QUE QUIEREN SEGUIR TRABAJANDO

Dudas sobre el alcance que tendría en el sector privado una reforma previsional

La extensión de la edad jubilatoria en forma voluntaria que evalúa el Gobierno podría ahorrarle un costo al Estado, pero se duda sobre el que soportarán las empresas por continuar con la relación laboral o si desean que el empleado se jubile temprano.

Como parte de la reforma previsional, el Poder Ejecutivo analiza extender en cinco años y en forma voluntaria la edad para jubilarse para los hombres (hoy las mujeres tienen la opción legal de trabajar cinco años más de la edad legal, hasta los 65 años). También estudia que las personas puedan acceder a un haber proporcional a sus años de aportes, complementario a la pensión universal, cuando no lleguen a contar con los 30 obligatorios.

El Gobierno se basa en que anualmente unas 50.000 personas, sobre 300 a 320 mil nuevos jubilados, siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen con la edad legal, de 60 para las mujeres y 65 para los hombres.

Entiende que esas personas siguen activas porque, o bien desean seguir trabajando o porque no llegan a los 30 años de aportes obligatorios para acceder al derecho jubilatorio.

De hecho, en promedio, la edad de los nuevos beneficiarios es de 67,5 años entre los varones y de 63 entre las mujeres.

Hoy el empleador puede ejercer el derecho o no de intimar a los empleados a jubilarse cuando cumplen con la edad legal obligatoria. En tanto, muchos empleados siguen trabajando como jubilados.

A juicio de las autoridades, si ambas partes tienen interés en seguir con la relación laboral, puede crear un incentivo legal para que el empleado siga trabajando como un activo.

La duda que surge en el sector privado es si obligarán al empleador a extender la relación laboral aunque no tenga intenciones de hacerlo. Muchos empleadores esperan la edad obligatoria para despedir a los empleados sin costos.

Para el Gobierno, el empleador está intimando al trabajador a jubilarse porque llega la edad legal. Y la nueva norma le daría el derecho al empleado a que no lo obliguen a jubilarse. Aún no está claro si cambiarían las condiciones de contratación.

Por lo pronto, la extensión de la vida laboral evitaría sumar beneficiarios al PAMI cuyo costo promedio por afiliado, se estima, en unos $ 1500 por mes, dado que los que demoren su retiro seguirían seguirían aportando y atendiéndose en las obras sociales sindicales o prepagas.

Por otro lado, muchos empleadores no pueden intimar a sus empleados a jubilarse si estos no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para poder acceder a la jubilación, ya que deben seguir acumulando años de servicios.

Para ellos, la reforma propone crear un régimen proporcional a los años de aportes. La prestación proporcional de carácter contributivo que surja de los años de aportes realizados complementaría la pensión universal al adulto mayor, que paga el 80% del haber mínimo.

 

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