LA PROCURADORA, EN LA MIRA POR LA COMPRA DE UN EDIFICIO

Divide a Cambiemos el método para lograr que Gils Carbó deje su cargo

Macri insiste con que debe renunciar, Carrió cree que debe ser enjuiciada y Garavano promueve la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que limite su mandato

Alejandra Gils Carbó ha vuelto a aparecer en el centro de la escena de la discusión política en la mesa chica del Gobierno. El debate interno sobre la situación de la procuradora es una constante de los 15 meses de gestión, e incluso desde antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia. Vendría a ser algo así, para la Casa Rosada, como la única sobreviviente que dejó el kirchnerismo. Y el hecho de que no haya abandonado el cargo es una verdadera cuenta pendiente para el PRO, que cree que para reformular el Ministerio Público Fiscal se precisa un funcionario independiente, característica que, afirman, Gils Carbó no cumple.

"Está detrás de todas las denuncias en contra mío", acusó Macri a Gils Carbó el sábado por la noche, en la entrevista que concedió al programa de Mirtha Legrand, en Canal 13. E insistió: "Es una militante del kirchnerismo, le pedí que se retire pero no se retira".

Esa postura del Presidente divide opiniones desde hace tiempo en Cambiemos. El ala más dura macrista piensa en línea con el jefe de Estado, y se embarcó desde el comienzo en una aventura que hasta el momento le generó una derrota política: desgastar a la jefa de fiscales para que abandone la Procuración. Gils Carbó, de 58 años y en el cargo desde 2012, se ampara en el mandato vitalicio y por buena conducta que la Constitución le garantiza hasta que cumpla 75. Y por ahora sale ganando, porque los intentos del Gobierno de reformular desde el Congreso la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) y establecer mandatos de cinco años, no han tenido consenso parlamentario.

En cambio, aliados de la Casa Rosada como Elisa Carrió creen que el operativo desgaste fracasó y que sacar a Gils Carbó diseñando "una ley con nombre y apellido" va a contramano de la Constitución. Fue la diputada la que puso sobre la mesa del Congreso el pedido para que se le inicie juicio político a la Procuradora, que tomó impulso a principios de año y espera ser tratado en el ámbito legislativo.

Ayer, esa iniciativa fue cuestionada por el ministro de Justicia Germán Garavano. "No es la forma de remoción para Gils Carbó, ya que es de algún modo una ley inconstitucional porque asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente", espetó el funcionario, casi utilizando el mismo discurso de Carrió cuando cuestiona la reforma de la ley del MPF. Garavano resaltó ese camino en entrevista con el diario El Tribuno: "Está en manos del Congreso, tanto el juicio político como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público que para nosotros sigue siendo muy importante".

Como plus, ayer surgió una investigación del fiscal Carlos Rívolo, que busca saber si Gils Carbó favoreció a su ex marido con la compra del edificio actual de la Procuración, ubicado en Perón 667 del centro porteño. "No hay nada irregular, es una compra de hace varios años que pasó todos los controles administrativos. Hay un interés del Gobierno en generar este tipo de noticias", argumentaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, que ven en esa investigación una maniobra para debilitar a Gils Carbó.
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