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Diputados aprobó el proyecto de ley de acceso a la información pública

En una votación casi unánime, la iniciativa del Poder Ejecutivo, que obliga a los tres poderes del Estado a otorgar datos a cualquier ciudadano, pasó al Senado.

Diputados aprobó el proyecto de ley de acceso a la información pública

En forma casi unánime, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de acceso a la información pública. De esta manera, la iniciativa del Poder Ejecutivo, que obliga a los tres poderes del Estado a otorgar datos a cualquier ciudadano, pasó al Senado.

La aprobación rozó la unanimidad. Con 229 votos a favor, sólo hubo 4 en contra – por parte del Frente de Izquierdad – y 1 abstención – del kirchnerista Julio Solanas. En caso de que la Cámara alta también dé el visto bueno, la futura ley comenzará a regir un año después de su publicación en el Boletín Oficial.

El proyecto en cuestión determina que “toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”.

Además de los tres poderes del Estado, también están obligados a brindar la información requerida los permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de la República Argentina, entre otros.

Sin embargo, no será todo tan sencillo. El proyecto contempla una serie de excepciones para la entrega de datos, como en el caso de una “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior”, “información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”, aquella que “pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”, o la que esté “protegida por secreto profesional”.

Durante el debate, Elisa Carrió – de la Coalición Cívica y aliada del oficialismo – logró una modificación para que “cualquier decisión judicial” que vaya en contra de la norma sea causal de “mal desempeño”. Eso podría derivar en un juicio político. “¿Cómo es posible que no podamos acceder a las declaraciones juradas de los jueces de la Corte, siendo que ellos son la cabeza del Poder Judicial?”, apuntó.
 

Fuente: Agencias