Deuda: sin Blackrock, madura un acuerdo parcial con fondos amigables

El Gobierno avanza en conversaciones con un grupo de bonistas y rechaza la intransigencia de Blackrock y Ashmore. Fuentes oficiales descartaron la inminencia del anuncio de un acuerdo.

Las negociaciones entre el Gobierno y los acreedores privados para la reestructuración de la deuda están partidas desde hace más de una semana.

Mientras avanzan rápidamente las conversaciones con el grupo de bonistas más amigables, continúan estancadas con el comité de mayor poder de lobby, que contiene a fondos como Blackrock, Ashmore y Fidelity.

Fuentes oficiales contaron a El Cronista que el diálogo sigue "con todos aquellos que tienen una posición constructiva real", haciendo una diferencia entre el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC: Gramercy, Greylock Capital, Fintech y Oaktree) y los bonistas del Canje y el grupo Ad Hoc (Blackrock, Ashmore y Fidelity), que volvieron a amenazar ayer con pedir la aceleración de la deuda e ir a juicio.

En el Ministerio de Economía destacan que "son cada vez más" los fondos amigables, "con lo cual ha crecido mucho su capacidad de representación".

Esto no alcanza para lograr las mayorías que se necesitan para evitar holdouts tras el cierre del canje, aún si los acreedores que no están agrupados en comités y que tendrían un 60% del total de la deuda elegible aceptaran la nueva oferta que se presentará ante la Security Exchange Commission (SEC) de Nueva York, Estados Unidos, en las próximas semanas.

Dos funcionarios con despacho en el Palacio de Hacienda consultados por El Cronista se quejaron del "ruido" que hay respecto a las negociaciones y descartaron que fuera inminente el anuncio de un acuerdo.

Pronosticaron, incluso, que se disiparán los rumores actuales y lamentaron versiones que se echaron a correr en las últimas horas, supuestamente con la intención de influir en los precios de los bonos.

En el mediodía de ayer, un comunicado conjunto del Grupo Ad Hoc y el Grupo de tenedores de bonos Exchange recordó que no emprendieron "ninguna interacción sustantiva" entre ellos y las autoridades de Argentina desde el 17 de junio, "a pesar de la publicación de informes en sentido contrario".

De acuerdo a los acreedores asesorados legalmente por el estudio jurídico White & Case LLP, "la falta de una interacción seria por parte de las autoridades de Argentina es sumamente preocupante, dado que el tiempo es un factor esencial y todas las partes deberían centrarse en evitar los elevados costos legales y económicos que conllevaría prolongar el incumplimiento de pagos en el que se encuentra el Gobierno argentino".

En otras palabras, estos dos comités, que tienen aproximadamente u$s 21.000 millones en bonos argentinos (el 32% de los bonos Globales, que emitió Mauricio Macri a partir de 2016, y también el 32% de los bonos de los canjes 2005 y 2010), pusieron otra vez sobre la mesa, como hace dos semanas, la posibilidad de ir a la Justicia de Nueva York para pedir el cross default, pero se mostraron dispuestos a seguir negociando.

Frente a esto, en el Gobierno respondieron que aquel día hubo una invitación de la Argentina a extender el acuerdo de confidencialidad para discutir la estructura y los cupones atados a las exportaciones, lo que fue rechazado unilateralmente por los fondos.

"Argentina, a través de sus asesores, continúa en diálogo con los distintos grupos y está abierta completamente al diálogo para una reestructuración que sea sostenible. Lo que ellos piden es insostenible. Exigen cláusulas legales inaceptables para la República", marcaron la cancha fuentes oficiales.

Las negociaciones "están duras", pero hay acreedores que están trabajando de una forma "mucho más constructiva para Argentina y con voluntad de llegar a un acuerdo sostenible". "Otros -principalmente Ad Hoc- están en una posición intransigente", acotaron.

Según los cálculos del Gobierno, los bonistas agrupados en tres comités apenas tienen cerca del 40% de los 21 bonos a reestructurar.

El éxito del canje, una vez que se presente la enmienda, radicaría en la venta de la oferta que hagan el HSBC y el Bank of America a los acreedores individuales, con menos poder de negociación.

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