Deuda: el Gobierno esperará a que venza el primer plazo para acelerar los cambios legales

Economía espera una señal de que los acreedores aceptarán una oferta inamovible en lo económico para avanzar en las negociaciones de la estructura legal. Recién tomará ritmo a partir del 5 de agosto.

Con solamente 8 días por delante hasta el final del Período de Invitación (4 de agosto) para el canje de 21 bonos por u$s 65.000 millones, el Gobierno apostará a mantener intacta la oferta oficial registrada hace tres semanas y recién abrirá la negociación en el plazo que va entre el miércoles 5 y el domingo 30 de agosto, en la previa a la liquidación de la operación, pactada para el jueves 4 de septiembre.

La revisión de los términos legales, si bien ya es analizada desde que llegó la contraoferta de los tres grupos de bonistas el lunes pasado, podrá tomar forma a partir de entonces, pese a que hay voces en el mercado que esperan el anuncio de un acuerdo para los próximos días.

La estrategia Pacman, que consiste en redesignar series para forzar mayorías automáticas sin que estas existan de manera simple y permitan alcanzar los umbrales de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), podría restringirse para los bonistas que ayuden con su aceptación a una oferta económica inamovible.

En el Ministerio de Economía, no obstante, aguardan "ruidos" de partes interesadas, que califican como "operaciones".

Este sábado, Economía ratificó una vez más que no prometerá más dólares para llegar a un acuerdo, pese a que las diferencias con los acreedores privados llegan a los u$s 6000 millones en 20 años o unos u$s 300 millones por año.

Este monto equivale a menos que los dólares que se van de las reservas del Banco Central en un mes por la compra del dólar "solidario". En mayo, unas 2,4 millones de personas accedieron al mercado formal de cambios por un promedio de u$s 190.

Incluso, se podría alcanzar el deal partiendo la diferencia, con un Valor Presente Neto (NPV) de u$s 55 por cada u$s 100 de valor nominal, a mitad de camino entre los u$s 53,5 que propuso la Argentina y los u$s 56,5 que piden los bonistas.

Sin embargo, tras una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente, Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán supervisó la redacción de un comunicado que deja la puerta abierta para implementar cambios en la estructura legal, si consiguiera apoyo internacional para ello.

"Argentina contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores", blanqueó el Gobierno.

Para ello, espera una señal de buena fe de los tres grupos de bonistas de que no reclamarán más por lo económico y que no pedirán acelerar el pago de la deuda (cross default) en los tribunales de Nueva York, Estados Unidos.

En esta semana, Argentina entrará formalmente en cesación de pagos de los bonos Discount, ya que se cumple el período de gracia.

Los tenedores de esos títulos están agrupados en el comité Exchange Bondholders Group y este sábado criticaron a la prensa al señalar que no pidieron ser considerados como "acreedores calificados".

Los tres grupos admitieron el lunes pasado haber firmado un "acuerdo de cooperación" (lock-up agreement), algo que fue repudiado en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda como una "cartelización de mala fe".

"Los ajustes a los modelos de contrato (indenture) elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina", se comprometió Economía.

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