Después de Chevron, YPF se toma un respiro para cerrar más asociaciones
El CEO de la petrolera quiere aguardar antes de avanzar en los detalles de próximas negociaciones para explotar Vaca Muerta. Esperan que más firmas muestren interés
Con el acuerdo con Chevron todavía crepitando en la agenda electoral, YPF dejará pasar un tiempo antes de avanzar con otros eventuales socios para explotar el megayacimiento de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta. Así se lo hizo saber Miguel Galuccio, CEO de la petrolera de control estatal, a su staff.
El secretario de Política Económica Axel Kicillof, que encabeza la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica de Hidrocarburos, se esperanzó con una avalancha de inversiones. Pero Galuccio prefiere esperar. Probablemente, aguarda que los tiempos electorales queden detrás para que las próximas rúbricas no queden envueltas en tanta polémica.
La YPF de gestión estatal firmó preacuerdos con Bridas, el holding que controlan la familia Bulgheroni y la china Sinopec y se garantizó acceso al mercado de cambios oficial en el convenio; con CGC, la petrolera de Eduardo Eurnekian y con Dow, la petroquímica canadiense que invertirá unos u$s 400 millones para extraer gas de Vaca Muerta. Según trascendidos periodísticos, también existen conversaciones con la estadounidense Exxon y la mexicana Pemex. Chevron saltó dos barreras: fue el primer inversor extranjero que llegó al recurso estratégico en alianza con YPF y desafió la amenaza de Repsol de llevar a tribunales a los eventuales socios de la petrolera expropiada.
En YPF evaluaron que el joint venture con Chevron fue arduo. Rememoraron negociaciones que se extendieron durante meses para llegar a lo anunciado la semana pasada: un convenio para explotar 20 kilómetros cuadrados del yacimiento neuquino con una inversión de u$s 1.240 millones que llegarán del exterior y serán desembolsados en el próximo año y medio. El acuerdo, que se regirá bajo ley de Estados Unidos y contempla la intervención de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Francia como árbitro, provocó todo tipo de críticas desde la oposición, sobre todo por el decreto 929/13, que dispuso un régimen de fomento a inversiones en petróleo y gas que incluye la posibilidad de exportar, en cinco años, el 20% de la producción sin retenciones ni la obligación de ingresar las divisas al país y extiende las concesiones (potestad de las provincias) hasta 35 años.