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Desestimaron la denuncia contra el Gobierno por la emisión de Lebacs

Lo determinó el juez federal Daniel Rafecas. Estaban acusados el presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Desestimaron la denuncia contra el Gobierno por la emisión de Lebacs

El juez federal Daniel Rafecas desestimó por inexistencia de delito la denuncia presentada en noviembre pasado diputados del Frente para la Victoria (FPV) contra el presidente Mauricio Macri, entre otros funcionarios, por la emisión de Lebacs.

También estaban implicados en la denuncia el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

La acusación había sido elevada por los diputados kirchneristas Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Moreno, Diana Conti, y Rodolfo Tailhade.

Fuentes judiciales informaron que Rafecas rechazó el requerimiento de abrir la causa penal que había hecho la fiscal federal Paloma Ochoa, quien había equiparado el asunto a la causa por la venta de ‘dólar futuro‘ en que está procesada Cristina Fernández, y consideró que las emisiones de LEBAC "se circunscriben a una esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos gobierno, quedando enmarcadas tales decisiones a cuestiones políticas no judiciables".

"Los distintos aspectos de la política económica denunciados por los legisladores y efectivamente adoptadas por los funcionarios del Gobierno, conforme resulta de público y notorio, se enmarcan dentro de las atribuciones legales que la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confiere al directorio de esa entidad, en coordinación con las demás medidas de política económica dispuestas a través del Ministerio de Economía de la Nación", argumentó.

El 17 de noviembre pasado, los diputados del FPV presentaron la denuncia penal contra el presidente y otros funcionarios por presunta “Administración Infiel” en perjuicio del Estado nacional.

Según la documentación presentada ante la Justicia, “los ilícitos se cometieron, y se siguen cometiendo, en el marco de las decisiones de política económica que adopta el Gobierno nacional en materia de determinación del tipo de cambio, que están generando ruinosas consecuencias para la economía nacional y particularmente para el erario público”.

En ese contexto, los legisladores denunciaron la existencia de un sistema organizado con el objetivo de generar las variaciones cambiarias.