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Desde el PRO confirman disposición a revisar un artículo clave de la ley de blanqueo

Pablo Tonelli reconoció que "tal vez no sea la más feliz" la redacción del proyecto cuando establece penas para la difusión de datos impositivos. El oficialismo busca aprobar el dictamen esta semana.

Desde el PRO confirman disposición a revisar un artículo clave de la ley de blanqueo

El diputado nacional Pablo Tonelli (Unión PRO) admitió hoy que la redacción del artículo 85 del proyecto de Ley de Blanqueo de activos no declarados, que refiere a la reserva de identidad, “tal vez no sea la más feliz” y volvió a dejar la puerta abierta  a que “haya que modificarla un poco”.

No obstante, el legislador aclaró que “la confidencialidad en materia impositiva y la prohibición de difundir datos ya existe desde hace muchos años”, aunque se mostró a favor de “hacer una revisión lisa y llana del régimen vigente del Código Penal” referido al secreto fiscal.

“El artículo lo que pretende es preservar la confidencialidad vinculada al blanqueo y a la situación impositiva, lo cual me parece muy importante porque sería muy difícil que los contribuyentes que ingresaran a este régimen supieran que su situación impositiva o fiscal va a ser conocida por todos, incluso no solo por razones de reserva sino también por razones de seguridad”, sostuvo.

 En declaraciones a FM Blue, Tonelli, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, reconoció que el artículo 85 “ha suscitado una legítima preocupación”.

 “La redacción del artículo tal vez no sea la más feliz que haya y hay que modificarla un poco, pero la confidencialidad en materia impositiva y la prohibición de difundir datos ya existe desde hace muchos años”, advirtió.

De esta manera, Tonelli respondió sobre la controversia generada por el artículo 85 de la iniciativa que establece que los funcionarios y terceros “están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna”.

La normativa que es discutida en Diputados dispone penas de hasta dos años de prisión y multas económicas contra funcionarios y terceros que revelen información de la operatoria.

Ayer, el titular del bloque oficialista, Nicolás Massot, había coincidido también que no se buscará cercenar la libertad de expresión.

Fuente: Agencias