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Denuncian a Ciudad por no pagar aportes a las obras sociales

El fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), Gabriel De Vedia, denunció al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la presunta apropiación indebida de los aportes correspondientes a la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina y a la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación.

La investigación preliminar se había iniciado a partir de la recepción en la Ufises de dos certificados de deudas emitidos por las propias entidades por montos que debieron haberse depositado a su favor correspondientes al período transcurrido entre 2010 a 2015 por casi $ 42 millones.

Según explicó De Vedia a El Cronista, en la administración porteña "tradicionalmente, todas las gestiones desde la de (Fernando) de la Rúa en adelante, evadieron constantemente los aportes previsionales y los de obra social".

Según explicó respecto de los aportes previsionales, la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño hizo en 2013 un acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, para pagar lo adeudado a través de una moratoria. Aunque De Vedia entiende que hay un delito de evasión, no hizo una denuncia porque el delito estaría prescripto.

En cambio, el fiscal avanzó con la denuncia por la falta de pago de los aportes de las obras sociales.

Consultadas al respecto, fuentes del Gobierno porteño señalaron que están analizando en detalle los alcances administrativos y legales de la denuncia en cuestión.

Según el comunicado de la Ufoces, la ley 23.660 establece que el empleador debe depositar dentro de los 15 días corridos contados desde que se abonó la remuneración parte de la contribución a su cargo y del aporte retenido al empleado a favor de las obras sociales que correspondan. Estos recursos financian las prestaciones de los beneficiarios del subsistema de salud nacional.

"El incumplimiento del depósito por parte de los agentes de retención, amén de constituir un supuesto de responsabilidad penal, puede generar el desfinanciamiento y por lo tanto poner en riesgo el acceso a cobertura médica por parte de toda la comunidad", indicó el comunicado.

El fiscal De Vedia señaló también la necesidad de resguardar los fondos destinados a garantizar el efectivo goce del derecho a la salud. Y que el incumplimiento de esa obligación –en principio en cabeza del Estado– podría hacer incurrir al país en un supuesto de responsabilidad internacional.

Por último, el representante del Ministerio Público expresó que remitirá a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) una copia de la denuncia presentada, a fin de que intervenga en el ámbito de su competencia con relación a la posible responsabilidad de funcionarios públicos.