Domingo  04 de Agosto de 2019

Delivery en bicicleta en la mira: la izquierda quiere una ley para controlarlo

Los proyectos, presentados tanto en el Congreso como en la Legislatura porteña, fueron ingresados la semana pasada casi en coincidencia con un nuevo capítulo de la pelea judicial que a plataformas como Glovo, Rappi y Pedidos Ya.

Delivery en bicicleta en la mira: la izquierda quiere una ley para controlarlo

Casi en paralelo a que el juez Roberto Gallardo redactaba el fallo por el que el viernes decidió suspender las actividades de las empresas Rappi, Glovo y PedidosYa, "por incumplimientos de resoluciones judiciales", legisladores del Frente de Izquierda presentaban, tanto en la Legislatura porteña como en el Congreso Nacional, sendos proyectos para restringir y controlar la actividad de estas plataformas, que quedaron expuestas los últimos días con situaciones equívocas relacionadas con su sensibilidad o empatía en relación a las condiciones concretas en que realizan su trabajo los conductores de bicicletas que transportan sus pedidos. 
 

"El proyecto que elaboramos junto compañeros precarizados de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) establece una serie de medidas como la prohibición de que las empresas publiciten un servicio veloz de entrega a costa de poner en riesgo la vida de los trabajadores y las suspensiones y castigos por incumplir estándares que ponen en riesgo su vida o su salud; prohíbe la carga un peso excesivo sobre sus espaldas; obliga a las empresas a reconocer plenamente la relación de dependencia (golpeando el generalizado régimen monotributista en el rubro); establece un régimen de licencias y condiciones de infraestructura para cubrir necesidades básicas durante la jornada laboral; dispone el incremento del cobro por entrega y un sueldo básico independiente del mismo y, entre otras medidas, sanciones para las empresas. Se crea asimismo una Comisión de Control y Seguimiento de la ley, integrada en un 70% por representantes electos de los trabajadores de reparto y en un 30% por funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación", enumeró la diputada Romina Del Plá, del PO y el Frente de Izquierda, a la vez que dijo que su propuesta apunta a "proteger a las y los trabajadores de reparto, uno de los rubros laborales más degradados en el país y en el mundo".

Proyecto de ley Romina del Pla

Según la diputada "esta forma devaluada de trabajo es el modelo en que se inspira el empresariado argentino cuando reclama la reforma laboral, que requiere la destrucción de los convenios colectivos para eliminar derechos conquistados. El pacto con el FMI, que defienden tanto los Macri-Pichetto como los Fernández-Fernández, está orientado a garantizar esta degradación laboral en detrimento de los trabajadores y en favor de una porción de empresarios y del sistema financiero".

Proyecto de Romina del Pla

"La necesidad de establecer medidas urgentes la ilustran los accidentes –algunos fatales- que afectan duramente a los trabajadores del sector, que pagan con brutales consecuencias físicas y psicológicas la extrema precarización a la que están sometidos para obtener un ingreso mínimo, trabajando a destajo, sin horarios, medidas de protección ni licencias de ningún tipo", dijo la también docente y secretaria general del Suteba Matanza.

Del Plá realiza una descripción muy descarnada del régimen laboral de las plataformas: "Las calamidades que deben soportar a diario en su jornada de trabajo implican un riesgo diario a su integridad física, en una actividad donde los accidentes de tránsito ya se han cobrado varias vidas. Las empresas los obligan a atender el teléfono cuando están manejando las bicicletas o las motos, promocionan sistemáticamente “la entrega veloz” e imponen un perverso sistema de “premios y castigos”, incluidas las suspensiones, que los fuerza a violentar sistemáticamente normas de tránsito y a exponer su salud y sus propias vidas. Son miles de trabajadores en estas condiciones, haciendo un esfuerzo titánico para conseguir un ingreso mínimo, y que además no tienen un lugar donde ir al baño o descansar, obligados a realizar una actividad a destajo, sin horarios ni licencias de ningún tipo".

Su compañero de Partido y, por ende, también del Frente de Izquierda, pero en la Ciudad, Gabriel Solano, recurrió a los mismos fundamentos para ingresar un proyecto similar en la Legislatura porteña.

La pelea judicial de Gallardo con las plataformas viene desde abril, cuando el magistrado ordenó al Gobierno porteño que "prohíba en forma inmediata" el funcionamiento de las empresas de delivery en bicicleta "Rappi", "Glovo" y "Pedidos Ya" en la ciudad de Buenos Aires hasta que acrediten "judicialmente la adecuación" a los requisitos legales estipulados por el Código de Tránsito y Transporte local, según se informó hoy. 

En ese contexto surgieron datos oficiales que pusieron números que coinciden con las descripciones que los legisladores de izquierda realizaron en los fundamentos de sus proyectos. Así, se supo que, a requerimiento del juzgado, la Policía de la Ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados, que arrojó que el 77% circula con el portaobjetos cargado en su espalda, el 70% desempeña tareas sin seguro alguno, y 67% circula sin casco, según publicó el portal de noticias del Consejo de la Magistratura porteño, IJudicial.

 A su vez, el Ministerio de Salud porteño sumó información al expediente, al advertir que en el laspso de un mes, y siempre hablando del sistema público de Salud de la Ciudad, se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

Glovo, que compite con plataformas como Uber Eats y  Deliveroo, dijo en abril pasado que había recaudado 150 millones de  euros de nuevos fondos.               

Glovo, fundada en 2015, registró una pérdida de 90 millones  de euros en sus operaciones continuadas en 2018, según los datos  facilitados por Delivery Hero, uno de sus accionistas.

Por su parte, la colombiana Rappi desembarcó en el país en marzo del año pasado con una inversión de US$ 5 millones, una época en la que a nivel regional ya facturaba u$s 20 millones. De entrada su llegada no fue fácil: en julio experimentó un paro por parte de los rappitenderos, nombre con el que llaman a los repartidores que forman parte de la plataforma, quienes demandaban quedar en relación de dependencia y mejores condiciones laborales. Al poco tiempo, el núcleo de los manifestantes se agrupó y crearon su propio sindicato, la Asociación de Personal de Plataformas (APP).

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