Jueves  08 de Febrero de 2018

Crece la ofensiva contra Moyano: Ocaña pidió que le intervengan la obra social

La legisladora de Cambiemos amplió una denuncia que tiene Claudio Bonadio desde 2006.

Crece la ofensiva contra Moyano: Ocaña pidió que le intervengan la obra social

La diputada nacional oficialista Graciela Ocaña amplió hoy una denuncia contra el líder de Camioneros, Hugo Moyano, por el supuesto desvío de fondos de la obra social del gremio hacia sociedades pertenecientes a su familia, en el marco de una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

Además, la legisladora pidió al juez que "se designe un veedor y/o un interventor judicial en todas las empresas, a los fines de que no puedan obstaculizar la investigación", según la denuncia a la que accedió la agencia estatal Télam.

Ocaña se presentó pasado el mediodía en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro para entregar el escrito en el juzgado de Bonadio, que tiene una causa judicial en la que se investiga a Moyano y otros imputados por delitos vinculados al manejo del sindicato y obra social de los camioneros.

La marcha de Moyano

La ampliación de la denuncia de Ocaña contra Moyano se conoce un día después de la ratificación de la marcha que realizará el sindicato de camioneros, que finalmente se hará el 21 de febrero, y no el 22 como había sido convocada inicialmente, para que no coincida con el aniversario de la tragedia de Once.

A la marcha de camioneros se sumaron las dos CTA, sectores de la CGT y los movimientos sociales, en medio de acusaciones cruzadas entre el moyanismo y el gobierno nacional.

En un mensaje que pareció dirigido a Moyano, el presidente Mauricio Macri llamó ayer al mediodía desde Córdoba a dejar atrás "actitudes mafiosas o extorsivas" en Argentina y pidió superar el "patoterismo", en tanto que el jefe camionero le respondió por la noche al asegurar que tanto él como su hijo Pablo no se encuentran imputados en "ninguna causa judicial".

El pedido de Ocaña

En su presentación de hoy ante la justicia, Ocaña aseguró que "todos los argentinos a través de sus impuestos y el Estado Nacional a través del Presupuesto se ven perjudicados por los ilíicitos cometidos por Moyano".

Ocaña requirió además que la Superintendencia de Servicios de Salud, por orden del magistrado, "designe un interventor en la Obra Social de Camioneros".

La legisladora amplió su denuncia en una investigación que data del 2006 en relación a supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros y apuntó a sociedades que se vinculan a Moyano y su familia, ‘IRAI SA‘, ‘Dixey SA‘, ‘Organización de Seguridad Las Marías SA‘ y ‘AConra SA‘.
Bonadio deberá ahora correrle vista a la fiscal del caso, Alejandra Mangano, para que ella resuelva si amplía la imputación en la causa a raíz de esta presentación.

En base a informes de la Inspección General de Justicia y a un reporte de la Unidad de Información Financiera que ya está en la causa, Ocaña entendió que se "pone en evidencia el desvío de fondos pertenecientes a la obra social de camioneros, al sindicato de Camioneros y a la mutual, todas ellas administradas por Hugo Moyano en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector".

"Se están malversando caudales públicos, no puede caber ninguna duda al respecto", sentenció Ocaña en la denuncia.

Según la denuncia de la legisladora se trató de un "conglomerado empresarial" que comenzó sus actividades en el 2006 en coincidencia "con el interés de Hugo Moyano en obtener la conducción de la CGT".

Para ello habría actuado en "dos frentes": se garantizó un "importante ingreso mensual de fondos que debería ser utilizado teóricamente para brindar servicios de salud a sus afiliados" y, por otro lado, expandió "su poder a partir de una captura de trabajadores de otros gremios a favor de su sindicato".

Según Ocaña, Moyano habría usado "un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas" y que  estuvo vigente desde el 2002 al 2014 con un "costo de miles de millones a todos los argentinos". El subsidio le permitió al gremio pasar de 40.000 a 200.000 afiliados, remarcó.

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Revista Infotechnology