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MARTES 19/02/2019

Crece la expectativa por la definición de la Corte del ajuste de jubilaciones

Juez de Corte, Ricardo Lorenzetti

Juez de Corte, Ricardo Lorenzetti

Desde el año pasado, la ANSeS cambió su posición en los juicios por reajustes de haberes y pretende que se realicen con los índices que utiliza el programa de Reparación Histórica, lo que para los privados implica ajustes menores que los que convalida la Justicia, basados en la doctrina del fallo Elliff. La nueva disputa, de alto impacto fiscal, llegó a manos de la Corte para que decida. Pero el 3 de abril pasado, el organismo previsional publicó una norma que aplica esos índices de forma retroactiva.

Así es como la Corte reunió unos 40 expedientes (el llamado oígase) para pedirle a la ANSeS y a las partes que argumenten sus posturas sobre la resolución 56/2018, que dispuso que las remuneraciones anteriores a agosto de 2016 deben actualizarse mediante el índice Ripte (de actualización de salarios), fundamentado en "una ausencia de norma" para actualizar esas prestaciones.

Se entiende que si no abre otra ronda de consulta, el fallo de la Corte tendrá que surgir de alguno de esos expedientes. El primer caso que llegó a la Corte fue el "Di Mario, Carmelo contra ANSeS", en junio de 2017, pero hoy se estima que la disputa afecta a unos 150.000 a 200.000 expedientes.

A la par, la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) solicitó en octubre pasado y la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, esta semana, a la Corte ser "Amigos del Tribunal" para acercar argumentos en contra de la postura de ANSeS en el cambio de los índices.

La Corte todavía no puso en marcha el listado de Amicus Curiae, en tanto el máximo tribunal podría abrir una audiencia pública o evitar abrir el juego.

Respecto del "oígase", los particulares coincidieron en que no existía vacío legal y que nunca se dudó de los recálculos que había que hacer en la Justicia, por eso siempre los jubilados ganaban los juicios. Incluso la ANSeS ha pagado reajustes basados en el índice ISBIC. Consideran que la nueva norma de la ANSeS "afecta derechos constitucionalmente amparados, viola el principio de división de poderes y constituye un nuevo ataque a cientos de miles de beneficiarios de prestaciones obtenidas al amparo de la Ley 24.241, pretendiendo ahora la aplicación coercitiva, de manos de los magistrados en sus sentencias, de un mecanismo originalmente previsto en un contexto de acuerdos transaccionales voluntariamente celebrados", según un modelo común de los abogados.

Respecto de los amicus curiae, la AABA junto con el pedido ya presentó un escrito con sus fundamentaciones. En tanto, la Defensoría, a cargo de Eugenio Semino, está esperando la autorización: entiende que un limitado número de "oígase" del Tribunal indica que se alcanzaron las condiciones para que la Corte pueda dictar sentencia. Para Semino, "la única intención de la Administración es reducir el monto de las condenas, lo cual se corresponde con su política de reducción del déficit público, sin importar que esté reñido de principios constitucionales".

Comentarios1
Pancho Gonzalez
Pancho Gonzalez 31/05/2018 08:47:43

No entendi nada.

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