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Para transparentar el precio de la obra pública, el Gobierno crea un régimen de actualización y control

Para transparentar el precio de la obra pública, el Gobierno crea un régimen de actualización y control

El Gobierno oficializó el decreto por el cual se creó el régimen de Redeterminación de Precios para la obra pública, con lo cual cumplió con un insistente reclamo del sector de la construcción que venía pidiendo la actualización de la norma que no se hacía desde 2002.

Juan Chediack, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, había anticipado a Ámbito Biz que el decreto ya estaba redactado y estaba próximo a ser publicado. "Esto viene a superar un problema, que era un decreto de redeterminaciones antiguo e injusto", afirmó. 

El objetivo del Decreto 691/16, publicado hoy en el Boletín Oficial y para el cual a principios de año ya se había puesto en marcha una comisión que analice el tema, es establecer un régimen tendiente al mantenimiento de la ecuación económico-financiera original de los contratos de obras públicas durante todo el plazo de su duración y a futuro".

Se argumenta que "la presente medida contribuirá a la reactivación del sector de la construcción, trayendo aparejado un significativo aumento de la demanda de mano de obra requerida a tal efecto, lo cual redundará en la efectiva recuperación de las fuentes de trabajo en dicho sector". Además, afirma que "teniendo en cuenta el efecto multiplicador que el sector de la construcción tiene en la economía, la presente medida provocará, además, la movilización de otros aspectos de la actividad económica en general".

Los nuevos precios se determinarán ponderando el costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra, la mano de obra, la amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, y todo otro elemento que resulte significativo "a criterio del comitente". Los precios de referencia serán tomados del INDEC.

Además, se crea una comisión de control y seguimiento, creada por el Artículo 4° de la presente medida, que cumplirá con las siguiente funciones:

- Analizar la problemática del sector de la construcción y proponer medidas o políticas para superar las mismas. Así como soluciones ante posibles controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de la aplicación de la presente medida.

- Analizar las dificultades que afectan a la política en materia de contrataciones de obra pública y consultoría de obra pública a fin de proponer alternativas de abordaje y solución de las mismas.

- Proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los procedimientos de redeterminación de precios que se realicen por aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional que se aprueba como Anexo I por el Artículo 1° de la presente medida.

-  Proponer mejoras en los sistemas de información y modificaciones en los procedimientos de redeterminación de precios y de fijación de índices para establecer los costos de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.

- Colaborar con el INDEC.

- Monitorear las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, que incidan sobre los precios a pagar a los contratistas.

- Requerir información y solicitar asistencia a organismos públicos y entidades privadas para mejorar los procedimientos de redeterminación de precios y de contratación de obra pública y de consultoría.