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Correo: Laura Alonso no va al Congreso y ofrece responder por escrito

La secretaria de Ética Pública y titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, no se presentará la semana próxima ante la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para responder las preguntas de los legisladores opositores por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. Con un viaje oficial programado para esa fecha, la funcionaria les ofrecerá a los diputados responder sus preguntas por escrito. "Si están tan ávidos de respuestas, ese me parecería un procedimiento razonable", destacó Alonso en diálogo con El Cronista.
La titular de la OA viajará la semana próxima a París, Francia, adonde durante cinco días representará a la Argentina ante el Grupo Anti-Sobornos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Alonso será jefa de delegación allí, adonde 41 países se reunirán para analizar medidas para reforzar las políticas anticorrupción.
La comisión de Comunicaciones de la Cámara baja la había citado para preguntarle por su intervención en la negociación en la que ministro Oscar Aguad decidió aceptar un acuerdo por la deuda que el Correo Argentino, empresa en manos de la familia Macri, mantiene con el Estado desde hace más de diez años. Ese entendimiento, que la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, calificó de "abusivo", quedó en stand by luego del escándalo público que provocó su difusión.
El Ministerio de Comunicaciones, ya lo dijo Aguad, no consultó a ninguno de los organismos de control que podrían haber intervenido en la negociación. Ni a la OA de Alonso, ni a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Por ello, Alonso anticipó a este diario que su respuesta a los diputados, sea presencial más adelante o escrita, se centrará en un argumento: "No hay instancia aún que obligue a nadie a consultar a la Oficina".
Para que esa instancia exista, el Poder Ejecutivo trabaja en la redacción de dos decretos con los que apunta a regular los conflictos de intereses entre el Estado las empresas vinculadas al Presidente. Un régimen que, para la oposición, debería ser establecido a través de una ley.