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Confirmaron el procesamiento de Aníbal Fernández por el Plan Qunita

Aníbal Fernández quedó más complicado en la causa por irregularidades

Aníbal Fernández quedó más complicado en la causa por irregularidades

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández por las irregularidades detectadas en el Plan Qunita, que se otorgó a mujeres embarazadas beneficiadas por la Asignación por Embarazo (AUE).

Fuentes judiciales informaron que así lo resolvió la Sala II del Tribunal, que también confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud Daniel Gollán, a la vez que dictó la falta de mérito a su antecesor en el cargo y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Todos habían sido procesados en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140.000 kits del Plan Qunita, que fue presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner en enero de 2015 y consistía en que todas las mujeres beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) recibieran una cuna, sábanas, frazada y otros elementos básicos para la crianza del recién nacido.

La compra fue hecha el 8 de junio del año 2015 a las empresas Fasano SRL., Grupo Diela SRL., Compañía Comercial Narciso SRL., Fibromad SA., Delta Obras y Proyectos SA. y Dromotech SA., las que proveerían entre todas un total de 140.000 kits, de los cuales la primera de las firmas aportaría 115.000 y las demás 25.000.

En la causa consta que el precio fijado por la SIGEN fue de 4.096,37 pesos y del propio Ministerio estimado en 4.500, pero se pagó en valor promedio por cada kit de 7.800.

En el proceso, se investiga también el "direccionamiento de la licitación", para determinar por qué las empresas ofertaron todas un valor promedio de 7.800 pesos, pero Fasano SRL vendió un total de 115 mil unidades y el resto de las cinco empresas solo unos 25.000.

"Elementos colectados en la causa demuestran la verosimilitud de la existencia de precios sobrevaluados, lo que se verifica comparando el precio del kit pagado por la administración pública con el valor de referencia calculado por la SIGEN, como de la comparación del precio unitario de los artículos que lo integran con los costos efectivamente pagados a terceros proveedores de las firmas ganadoras", sostuvo la Cámara.

El Tribunal tuvo en cuenta que existen "ciertos elementos que reflejan que las seis firmas adjudicadas coordinaron su accionar". "Ello tanto por la similitud de los precios de sus ofertas, cuya diferencia fue, en el mayor de los casos, de $ 120 por kit –que estaba compuesto por 41 unidades–, como por las cantidades a licitar, cuya sumatoria final fue de 140.000 kits", expresó el fallo.