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Con los nuevos cambios al proyecto, no se podrá pagar sin el aval de Apelaciones

Los distintos bloques que acompañaron a Cambiemos agregaron enmiendas al borrador original. Buscan garantizar que no habrá futuros juicios ni se mejorará la oferta

El ministro Alfonso Prat-Gay, ayer, rodeado de diputados opositores

El ministro Alfonso Prat-Gay, ayer, rodeado de diputados opositores

El oficialismo negoció hasta último momento cambios en la redacción del proyecto de ley para pagar a los fondos buitre, que en la mañana de ayer tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El proyecto incluyó así un tope al endeudamiento, la renuncia expresa de los litigantes a realizar nuevas acciones judiciales y la obligación de contar con el aval de todas las instancias judiciales de Estados Unidos para efectivizar la operación de pago de los hasta hoy u$s 11.684 millones.


Como anticipó este diario, la administración de Mauricio Macri cedió ante el pedido del Frente Renovador de incluir un tope de endeudamiento, que el Ejecutivo quería dejar abierto para emitir hasta u$s 15.000 millones. El proyecto, finalmente, faculta al Ministerio de Hacienda a conseguir hasta u$s 12.500 millones.


Además, también por presión del massismo, el Gobierno agregó una cláusula en el artículo 2, que condiciona el pago a que las distintas instancias judiciales de Estados Unidos ratifiquen la orden del juez Thomas Griesa que levanta las sanciones y las trabas para pagar la deuda reestructurada. Ello, en momentos en que la Corte de Apelaciones debe decidir si ratifica o rechaza la decisión del juez de primera instancia, con reclamos de bonistas minoristas que no llegaron a acuerdos con el país para que el tribunal de alzada mantenga el bloqueo financiero.


A pedido del Bloque Justicialista de Diego Bossio, el oficialismo también aceptó incluir en el proyecto la obligación de realizar el pago una vez que la justicia levante "todas las órdenes de pari passu", que hoy impiden pagar deuda reestructurada.


Los diputados de la oposición también presionaron para incluir en el proyecto de ley la obligación de que los nuevos bonos incluyan cláusulas de acción colectiva, que obligan a las minorías a ingresar a eventuales reestructuraciones si una mayoría calificada acepta la propuesta de canje. En rigor, los nuevos bonos incluyen este tipo de cláusulas. Cambiemos también aceptó una cláusula que impide pagar a los bancos colocadores una comisión superior al 0,2%.


El Ministerio de Hacienda deberá dar informes al Congreso cada tres meses sobre la evolución de las negociaciones pendientes y no cada seis, como propuso en un principio. El Estado, además, no podrá pagar gastos adicionales a los de la oferta base (que no es la destinada a saldar los juicios, sino a arreglar los casos sin sentencia judicial).

Otro agregado impide al Gobierno realizar futuras propuestas a holdouts mejores a la oferta base, que implica pagar 150% del capital adeudado a aquellos tenedores de deuda en default sin sentencia a su favor.

Además, el Ejecutivo deberá pedir a griesa un stay o medida cautelar que deje abierta la oferta por cinco años para eventuales nuevos litigios.