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"Con la reforma de ART vamos a bajar a la mitad los costos de los seguros"

El titular de la SRT insistió en que el objetivo del proyecto de reforma que envió el Gobierno al Senado es frenar la creciente litigiositad. Y que a partir de ello se produzca una reducción de las alícuotas que pagan las empresas

Frenar la profunda litigiosidad del sistema de riesgos del trabajo y que ello se traduzca en el mediano plazo en una reducción del 50% en los costos que pagan las empresas por los seguros de ART constituye el principal objetivo del Gobierno detrás de la reforma del régimen que envió hace 10 días al Senado. Esa previsión oficial, junto con el desafío de garantizar un rápido trámite legislativo para el proyecto, que cuenta con consenso sindical y empresario, y lograr la adhesión de las provincias a la reforma, fueron explicitadas por el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, en una entrevista con El Cronista. El funcionario también anticipó la apuesta para avanzar en una nueva ley de prevención, reclamada hace tiempo por la CGT, y remarcó la importancia de la constitución del comité consultivo permanente, integrado por representantes del Gobierno, los gremios y las empresas, para actualizar en forma periódica el listado de enfermedades laborales y otros aspectos de la normativa de forma de evitar que se generen nuevos mecanismos que incentiven la litigiosidad.


–¿Cuáles son las expectativas sobre la reforma que el Gobierno envió al Senado?
–El sistema iba a colapsar en el corto plazo y por eso planteamos esta ley que frene la judicialidad. Es una ley difícil porque la tienen que aprobar las provincias, porque en todas tenemos que crear un mayor número de comisiones médicas y en el Conurbano fundamentalmente porque no hay. La expectativa principal que tenemos es que pare la judicialidad, y vamos a hacer todo lo posible para que en la comisión médica se resuelvan los diferendos. En el mediano plazo, esto va a incidir también en las alícuotas, y veremos si se incorporan también más aseguradoras al mercado.


–¿De qué forma van a fortalecer a las comisiones médicas?
–Pensamos modificar procesos de trabajo e incorporar el debido proceso legal al ámbito de la comisión médica para que sus fallos tengan carácter de cosa juzgada. Además, vamos a incorporar tecnología, turnos, toda una batería de mejoras que hoy no están y estamos trabajando en ello. Pensamos que para abril del año que viene vamos a tener todo en las condiciones necesarias.


–¿Cómo funcionan hoy las comisiones?
–El 70% de los trabajadores que tienen alguna demanda va directamente a la justicia y solo el 30% va a las comisiones. De ese 30% solo el 20% termina yendo a la justicia, por lo que no están funcionando mal. Lo que queremos con la ley es que el 100% de los trámites pase por las comisiones. Es decir, fortalecer la institución que está hasta ediliciamente dejada de lado.


–¿Cuáles son los problemas que alentaron la industria del juicio?
La industria del juicio empieza con el fallo Castillo, que dice y con razón que las comisiones médicas tienen que estar aprobadas por las legislaturas provinciales para tener carácter federal. Al no estarlo son inconstitucionales, y uno puede ir o no a la comisión médica. Entonces la industria del juicio pasa por ese 70% que no va a las comisiones y reclama directamente ante la Justicia. Pero si es obligatorio pasar por las comisiones médicas se entra en un sistema transparente, y tanto empresarios como trabajadores saben a qué atenerse cuando se produce un accidente laboral, saben qué les va a ocurrir.


–Ganan previsibilidad...
–Es que si no funcionan las comisiones médicas el trabajador en lugar de cobrar en 3 meses va a cobrar en 3 años, y una parte sustantiva de lo que le corresponde le va a quedar a los intermediarios. El sistema va a estar financiando no sabemos qué montos en relación a las indemnizaciones, no sabemos cómo se van a calcular. Es más, hoy las indemnizaciones las calcula un perito médico que a su vez cobra honorarios en función del monto de indemnización que determina. No es un sistema, es un caos.
–Y la incertidumbre se traslada a los costos del sistema.


–Exacto. El empresario aporta la alícuota para que el trabajador tenga las prestaciones que da el sistema, pero el intermediario se queda con una parte importante. Así que esperamos que funcionen las comisiones médicas, que las provincias adhieran al sistema y que podamos encauzar el sistema.


–¿Cuál es la previsión que tienen respecto a la reducción de las alícuotas?
–La Uart (Unión de ART) dice que el 50% de la alícuota la explica la judicialidad. Bajando la judicialidad y frenándola pensamos que vamos a volver a una tarifa del 50% menos, que va a bajar a la mitad. No creo que sea en un plazo menor, será en 3 o 4 años porque los juicios que caen hoy los pagan en ese plazo. De todas maneras, hoy el mercado tiene cuatro aseguradoras que concentran el 60%, pienso que si uno les da un horizonte al sistema de largo plazo se van a incorporar nuevas ART y eso va a hacer también que las alícuotas bajen antes.


–¿Qué están viendo en las negociaciones con las provincias?
–Tienen el mismo problema que tenemos todos: las alícuotas son altas y sus empresarios se quejan porque sus empresas dejan de ser competitivas, entonces todos necesitan que se resuelva el problema. Lo hablamos con muchos representantes de las provincias, de los trabajadores y de las cámaras empresarias. Esta ley la tenemos armada desde el mes de febrero y tuvo innumerables versiones que muestran el consenso y el trabajo que llevó.


–¿Se puedo aprobar antes de fin de año?
–Creo y aspiro a que sí, todos me dijeron que va a salir.