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Con la autonomía como bandera, el PRO acelera el traspaso de la Justicia

Con la autonomía como bandera, el PRO acelera el traspaso de la Justicia

A instancias del oficialismo, la Legislatura comenzó a tratar en forma apresurada los cuatro convenios firmados entre el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para iniciar el traspaso progresivo de competencias de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad, una de las "deudas pendientes" en pos de la autonomía porteña y que, de concretarse, sellaría el capítulo abierto con la creación de la Policía local.

Lo que el PRO imaginaba en la mañana de ayer como un debate veloz, con el que esperaba hacerse del dictamen necesario para llevar la votación al recinto, devino al mediodía en ásperas conversaciones con la oposición, que se negó a avanzar hasta tanto se detallen los puntos y las comas de los acuerdos.

La actitud de los bloques opositores contuvo en cierto modo los ánimos de los cientos de empleados de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que ayer pararon las actividades y marcharon hacia la Legislatura, con Julio Piumato a la cabeza, para rechazar el traspaso y anunciar un paro nacional de 36 horas a partir del próximo martes, con movilización hacia el Congreso, donde harán otra demostración de fuerza.

En enero, Macri y Rodríguez Larreta acordaron la transferencia progresiva de 49 juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías de la Justicia penal, con sus respectivos empleados, bienes y presupuesto; la competencia en las relaciones de consumo, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia. El acuerdo necesita ser refrendado tanto en la Legislatura como en el Congreso, donde su avance no está asegurado. Por eso, y a contramano de la estrategia establecida en enero, la instrucción bajada hace días a los legisladores del PRO es que logren la aprobación del traspaso cuanto antes, a fin de ejercer presión sobre los diputados y senadores. El deadline fijado en Parque Patricios es la sesión del jueves 30 de marzo.

La Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales de la Legislatura, a cargo del radical Juan Francisco Nosiglia (Sumá+), pudo apenas escuchar los planteos referidos al Registro de la Propiedad Inmueble, el menos conflictivo de los cuatro convenios en discusión. Por eso, el peronista Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia) reclamó, al menos, tres convocatorias más, una para cada convenio bajo estudio.

El PRO avisó que de ninguna manera extenderá el debate, que entiende como infructuoso, ya que los textos deben ser aprobados o rechazados "a libro cerrado". Así, buscará llevarlos cuanto antes al recinto y jugará a exponer a la oposición como "detractores de la autonomía porteña" en caso de votar en contra. Si es necesario, dicen, la ley saldrá con 31 votos. Es decir, la mitad más uno.

Judiciales, magistrados y fuerzas opositores desconfían de la letra chica de los convenios, que recién se conoció hace días, cuando los proyectos ingresaron a la Legislatura. En esos textos se lee que, mientras dure la transición, "la Nación y la Ciudad garantizan la prestación del servicio de justicia en ambas jurisdicciones". El paro anunciado demuestra que no será fácil ni respetar ni aplicar el espíritu de la norma.