Con la actividad paralizada, constructoras y sindicato empujan una mesa sectorial

La actividad de la construcción lleva casi dos años estancada, con un virtual freno de la obra púbica. El Gobierno recibió con entusiasmo la idea de constituir una mesa para trabajar en la agenda del sector.

Con la obra pública paralizada hace meses e importantes atrasos en los pagos de las obras en ejecución, las empresas constructoras y el sindicato de la construcción intentan revitalizar la actividad a través de una mesa sectorial que busque soluciones a los principales desafíos que enfrenta esta industria clave. Ya se lo propusieron al Gobierno y, en principio, hay buena recepción de parte del Ejecutivo.

Aún no está convocado un encuentro para plantear la agenda más urgente pero se sabe que la mesa estará coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, y que también intervendrán las carteras de Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Territorial y Hábitat. Las prioridades del Gobierno hoy son el acceso al agua potable y obras de saneamiento, y un plan de urbanización de los más de 4400 asentamientos informales que hay en todo el país.

Según datos de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y las empresas del sector, entre noviembre y febrero se perdieron unos 35.000 puestos de trabajo, 13.500 sólo en enero, aunque fuentes del sector admiten unos 7.000 pueden ser estacionales. Más preocupante es que "las perspectivas son que la caída puede persistir", señalaron fuentes sindicales.

Desde el lado empresarial, en tanto, hay mucha preocupación por la actividad y el atraso en los pagos.La actividad está virtualmente paralizada desde abril de 2018, cuando se hizo evidente que el país empezaba a tener serios problemas para enfrentar los compromisos de la deuda pública y se disparó el riesgo país. Eso cortó de cuajo la obra pública y también las posibilidades de financiamiento, incluso para proyectos con Participación Público Privada.

Pero además el sector público acumula importantes atrasos en el pago de obras en ejecución, que según la dependencia van de tres a siete meses. Algunas estimaciones hablan de unos $ 35.000 millones, unos u$s 547 millones, al tipo de cambio oficial. Es un cálculo conservador que incluye las obras que dependen de la Nación, a las que habría que agregar provincias y municipios, en situación similar. Y por otra parte, están frenados los ajustes de contratos por inflación.

El propio presidente Alberto Fernández se refirió a la actualización de los precios, algo lógico en un contexto inflacionario. "Todas las empresas piden redeterminación de precios por la inflación galopante, pero es un trámite que complica y demora todo" en materia de reactivación de obra pública, señaló el mandatario en una entrevista televisiva el lunes por la noche.

En rigor, los propios contratos de obra establecen la redeterminación de precios como mecanismo para compensar los saltos inflacionarios. Cuando la inflación acumula un 5% en el transcurso de un contrato, se dispara el proceso de redeterminación de los valores acordados en el contrato y se aplica la fórmula de actualización.

Lo que ocurre hoy es que "no se están pagando ni los certificados de obra ni tampoco las redeterminaciones", indican fuentes del sector. La redeterminación de precios no es lo que está obstaculizando el comienzo de nuevas obras, sino la falta de presupuesto y recursos disponibles en caja.

Para ir resolviendo el stock de deuda acumulado, pendiente de actualización, el gobierno nacional creó la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios de las obras de infraestructura ejecutadas por el Estado, a través de la resolución 8/2020 del Ministerio de Obras Públicas, publicada el pasado 4 de marzo en el Boletín Oficial.

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