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Con la CGT y la CTA, la oposición escenifica la batalla por el DNU de ART

El PJ-FpV votaría dividido y le permitiría a Cambiemos avalar el DNU

El PJ-FpV votaría dividido y le permitiría a Cambiemos avalar el DNU

A falta de debate en el recinto, la oposición se propone escenificar este miércoles en la comisión bicameral de Trámite Legislativo la batalla por la reforma de la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Allí convocó a representantes de la CGT, las dos CTA y la UIA, además de los principales legisladores de cada bloque en las dos Cámaras. Tantos son los invitados que la discusión podría estirarse y continuar el jueves. Para disgusto del oficialismo, que quiere un trámite rápido.

A propuesta del diputado massista Raúl Pérez, el presidente del cuerpo, el diputado Marcos Cleri (PJ-Frente para la Victoria) citó, además de a las centrales obreras y a los industriales, a asociaciones de abogados y a los diputados Mario Negri (UCR), Facundo Moyano y Graciela Camaño (Frente Renovador), Héctor Recalde y Francisco Furlán (PJ-FpV), Alberto Roberti (bloque Justicialista) y Néstor Pitrola (Frente de Izquierda). A todos ellos les dará la posibilidad de exponer sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de ART.
En ese decreto, la Casa Rosada estableció como "obligatorio y excluyente" el paso de los trabajadores accidentados por una "instancia administrativa previa" a su presentación ante la Justicia.

En minoría –tiene seis lugares de los 16 de la bicameral–, el oficialismo no podrá evitar que el debate se estire. Esa desventaja numérica, sin embargo, no le significaría un tropezón mayor en su intento de respaldar el DNU en la comisión. Según fuentes legislativas, el PJ-FpV podría volver a votar dividido. Los diputados firmarían en contra y los senadores se abstendrían. Así, Cambiemos lograría emitir un dictamen de mayoría.

Más allá de ese resultado, la suerte del DNU se definirá definitivamente en los recintos de ambas Cámaras. Para hacerlo caer –algo que por estas horas parece improbable–, la oposición necesita rechazarlo en esas dos instancias. Desde la reforma constitucional, ningún decreto presidencial ha sido volteado por esa vía.

Por ello, la otra apuesta opositora es la Justicia. Un texto similar al del decreto, respaldado por la CGT, había sido sancionado por el Senado cuando terminaba 2016. Sin embargo, la decisión del Gobierno de saltear al Congreso y apurar la reforma sin esperar a que Diputados complete la sanción de la ley provocó fuertes críticas incluso de la CGT, que cuestionó el mecanismo, y del Colegio Público de Abogados de la Ciudad. Esta entidad pidió un amparo por considerar que el Presidente no tenía ni necesidad ni urgencia para la firma del decreto, al que calificó de "discriminatorio".

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