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Las claves de la reforma del mercado de capitales que aprobó el Senado

La iniciativa, formalmente llamada Ley de Financiamiento Productivo, deberá regresar a la Cámara de Diputados luego de las modificaciones introducidas en la Cámara alta. 

Las claves de la reforma del mercado de capitales que aprobó el Senado

Por 54 votos positivos y 10 en contra, el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Productivo, antes llamada Ley de Mercado de Capitales, que deberá regresar ahora a Diputados ya que los legisladores de la Cámara alta introdujeron modificaciones al proyecto que había llegado en revisión de la Cámara baja. Esta resolverá si insiste con la sanción original o acepta los cambios propuestos por el Senado.

El proyecto de ley obtuvo dictamen favorable el miércoles pasado en la Comisión de Economía Nacional que le incluyó una serie de modificaciones propuestas por el peronismo.

El trasfondo del proyecto es la caracterización de que en la Argentina está poco desarrollado el “mercado de capitales” en relación a otros países de América Latina. Según datos suministrados por el senador Roberto Basualdo,  Argentina posee el mercados de capitales menos desarrollado de la región, donde su capitalización de mercado asciende a solo el 18% del PBI, en Brasil es del 46% y en Chile del 112%. El volumen de acciones transadas es del 1% del PBI, en Chile es del 14% y en Brasil del 32%. Nuestro mercado de capitales es muy pequeño y es necesario desarrollarlo, y para eso se necesita una legislación moderna, eficiente y transparente que brinde nuevas alternativas de inversión a los ahorristas, sostuvo ayer en un comunicado.

Basualdo, de Cambiemos, es un fervoroso defensor del proyecto de reforma de mercado de capitales: Creo que este proyecto de ley brindará las condiciones adecuadas para lograr ese objetivo y permitir una nueva alternativa para la obtención de créditos, dijo.

En este contexto, el proyecto que se aprobó hoy, aún en sus ideas y vueltas y negociaciones, preserva un espíritu liberalizador del mercado de capitales.  Incluye, por ejemplo, la posibilidad de securitización de los créditos hipotecarios que, para el oficialismo y buena parte del justicialismo que acompañó el proyecto, permitirá ampliar el fondeo de los bancos que otorgan las hipotecas. Securitizar hipotecas significa que los bancos puedan vender sus hipotecas (deuda) en el mercado de capitales, es decir que convierte a la hipóteca en un titulo liquido que pueda comprar y  venderse en el mercado.

El kirchnerismo -que solo acompañó el capítulo referido a las pymes y rechazó el resto- alertó sobre la posibilidad de que esa herramienta financiera genere en el largo plazo una crisis similar a la de las hipotecas sub prime que explotó en Estados Unidos en 2008 y derivó en la caída de Lehman Brothers.

Además, suprime el artículo 20 de la actual Ley de Mercado de Capitales, el cual fue introducido en 2013 y le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.

"Esta ley tiene como verdadero propósito empoderar a los mercados, en un proceso de clara desregulación y retroceso, muy parecida a la ley 17.811 de la dictadura de Onganía", afirmó la senadora por Santa Fe María de los Angeles Sacnun Sacnun, del Frente para la Victoria, que actuó como miembro informante por la minoría.

Y agregó: "La nueva estrategia económica es similar a la de los años 90, hay una apertura irrestricta de la cuenta de capital, una absoluta extranjerización de la economía, y una marcada concentración económica".

En esta línea, la legisladora mostró su preocupación en torno a la desarticulación de facultades de la Comisión Nacional de Valores, la eliminación de la posibilidad de imponer veedores, la limitación de las facultades del Banco Central, entre otros puntos. 

Algunos analistas consideran, sin embargo, que las trabas fundamentales para el desarrollo del mercado de capitales argentino no son normativas, o responsabilidad de cierto intervencionismo de la legislación actual,  sino de las traumáticas experiencias históricas de exacciones a los ahorristas que se vivieron en el país, una de las últimas fue la incautación de depósitos con el corralito y sus derivados, entre 2001 y 2002. Pero no fue la única: entre otras, se recuerda también el famoso Plan Bonex, que significó el canje de depósitos bancarios por bonos externos, una de las medidas más polémicas de la primera etapa del gobierno de Carlos Menem, en 1992.

A fines del año pasado la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto pero el Senado le hizo cambios que obligaron a devolverlo para su sanción definitiva.

Una de esas modificaciones eliminó la exención del pago del impuesto a las ganancias a operaciones de compraventa de acciones, para evitar la contradicción con la reforma tributaria aprobada con posterioridad, que gravó esas operaciones.

El otro cambio fue la eliminación del artículo que establecía la "designación ficta" del directorio de la CNV cuando se cumpliera el plazo para que el Senado dé acuerdo, y se dispuso en cambio el nombramiento "en comisión",  como ocurre con las autoridades del Banco Central. Es decir, que antes las autoridades de la CNV quedaban firmes si el Senado no se pronunciaba en contra tras pasar cierto plazo; ahora, en cambio, el acuerdo del Senado tiene que ser por la positiva, es decir tiene que decir que sí.

El proyecto también apunta a facilitar el acceso para las pymes, que podrán acceder a créditos incorporando las letras hipotecarias y contarán con una factura de crédito electrónica de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida, como si fuera un cheque.

El componente Propyme de la iniciativa inspiró a sus autores para cambiarle el nombre, de Ley de Mercado de Capitales a Financiamiento Productivo, un título menos financierista.

Al defender la iniciativa, la miembro informante, senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, destacó que en las reuniones de comisión en las que se analizó la norma, “las Pymes subrayan que no pueden acceder al Mercado de Valores. La mitad de ellas tiene que financiarse con sus propios capitales y esto les impide crecer”, informó el área de prensa del Senado.

En el balance, la Cámara alta, aclara: "El primer título del texto pone el acento en la inclusión financiera y el impulso a las Pymes. Al momento de la discusión en particular, el Tìtulo I contó con 62 votos a favor y 1 en contra. Entre otras consideraciones, allí se destaca la herramienta de la Factura Electrónica MiPymes. La norma aprobada contempla que en cada ocasión que una micro, pequeña o mediana empresa deba comerciar con grandes empresas, la factura electrónica será obligatoria".

La miembro informante puntualizó que “la factura será ejecutiva a los 15 días de haber sido emitida. Lo que la transforma en un cheque que podrá ser descontado en el banco o en el mercado de capitales y que al final, si ésta no es pagada, no se acciona contra la Pyme sino contra la gran empresa”.

Al votarse los siguientes títulos de la iniciativa, el proyecto obtuvo el voto favorable de 53 senadores y 10 votos negativos.

La Ley de Financiamiento Productivo consta de 219 artículos. Entre sus enunciados contempla mejorar las condiciones de acceso al crédito hipotecario posibilitando la recolocación de un seguro sobre esos créditos a la vez que permite ajustar las reservas hipotecarias por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).