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Compre argentino: puntos clave de una ley con u$s 200.000 millones en juego

La norma fue aprobada hoy por el Senado. Ese monto es el que, durante los próximos 8 años, el sector público tiene pensado invertir en sectores como infraestructura, energía, salud, telecomunicaciones, bienes industriales, servicios y tecnología.

Compre argentino: puntos clave de una ley con u$s 200.000 millones en juego

El Senado aprobó por unanimidad, con 49 votos a favor, la ley de Compre argentino, que tiene por objetivo “usar el poder de las compras públicas como factor para el desarrollo de la industria argentina, mejorar sus capacidades productivas y potenciar su perfil exportador”, según informe oficial.

La norma fue impulsada por el Ministerio de Producción, con la idea de que “las grandes compras del Estado sean un factor para el desarrollo de una industria competitiva y de calidad”.

El botín que está en discusión parte de la base de que, durante los próximos 8 años, el sector público tiene pensado invertir u$s 200.000 millones en sectores como infraestructura, energía, salud, telecomunicaciones, bienes industriales, servicios y tecnología.

Estos son los principales puntos de la Ley, tal cual los describe un informe del Ministerio de Producción, que impulsó la norma

Cooperación productiva: el proyecto prevé que cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina en compras superiores a los 240 millones de pesos, el adjudicatario deberá suscribir un acuerdo de cooperación productiva que consistirá en la subcontratación de bienes y servicios provistos por empresas locales por al menos un 20% del valor total del contrato. En los casos que no resulte posible alcanzar el monto exigido mediante la contratación a una empresa local, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar que el cumplimiento del Acuerdo pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el país, la transferencia tecnológica, o de inversiones en investigación o desarrollo e innovación tecnológica.

Márgenes de preferencia: aumenta los márgenes de preferencia vigentes para los oferentes de bienes de origen nacional de 7 a 15% para las MIPYMES y Cooperativas, y de 5 a 8% para las grandes empresas.

Compras pequeñas priorizadas para las MIPYMES: establece una reserva de mercado en las compras de la Administración Pública Nacional de hasta $1,3 millones (bienes) ó $100 millones (obra en vivienda y edificios públicos) en favor de PYMES oferentes bienes u obras de origen nacional, siempre que haya oferta de PyMEs.

Posibilidad de mejorar su oferta para las PyMEs en las licitaciones chicas: establece un nuevo mecanismo de mejora de oferta (‘first refusal‘) en favor de las PyMEs para compras de bienes de la Administración Pública Nacional menores a $20 millones. Así, las PyMEs oferentes de bienes de origen nacional tendrán la posibilidad de mejorar su oferta siempre y cuando su precio no haya superado en más de un veinte 20% a la mejor cotización o precio testigo.

Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO): le otorga rango de ley al Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, que fue creado al comienzo de la gestión por resolución del ministro Cabrera. El principal objetivo del PRODEPRO es desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva. Tener rango de ley le otorga estabilidad en el tiempo a esta política productiva.

Satisfacción oficial

‘Por primera vez en la historia tendremos un ‘compre nacional‘ potente para el crecimiento y el desarrollo de una industria sustentable y exportadora‘, afirmó el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

‘Se trata de una política implementada en todos los países industrializados. Es una medida desarrollista que busca mejorar las capacidades productivas de las PyMEs argentinas‘, sostuvo Sergio Drucaroff, subsecretario de Compras públicas y Desarrollo de proveedores. Las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y el 2,5% del empleo. Durante los próximos 8 años el sector público invertirá U$S 200.000 millones en sectores como infraestructura, energía, salud, telecomunicaciones, bienes industriales, servicios y tecnología.