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Cómo es el procedimiento del Gobierno para resolver conflictos de interés

Tras la polémica por el Correo y Avianca, se formalizaron dos decretos para regular este tipo de situaciones y resolver los casos que involucren al Presidente, al vice, a los funcionarios y sus familiares, así como también la contratación pública.

Cómo es el procedimiento del Gobierno para resolver conflictos de interés

El Gobierno formalizó hoy los decretos para regular los conflictos de intereses, con el objetivo de resolver los casos que involucren al Presidente, el vice, los funcionarios y sus familiares, como así también en los procedimientos de contratación pública.

Así lo estableció en el Boletín Oficial a través de los decretos 201 y 202, que llevan la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Al inaugurar el año legislativo en el Congreso, el pasado 1 de marzo, el mandatario había anunciado que tomaría esta decisión tras las polémicas por el acuerdo con el Correo Argentino y la concesión de las rutas aéreas a Avianca.

El primero de los decretos, que lleva el número 201/2017, dispone que sea la Procuración del Tesoro de la Nación el organismo que patrocine al Estado “asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público”.

En la medida se remarca que “a los fines de proveer a la adecuada defensa del Estado Nacional en procesos judiciales o extrajudiciales y de dar acabado cumplimiento a las reglas sobre ética republicana, resulta necesario establecer un procedimiento especial para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés o vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo que suscite dudas sobre la debida gestión de los intereses del Estado”.

En tanto, el segundo decreto, número 202/2017, establece en su primer artículo que “toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado (‘) debe presentar una ’Declaración Jurada de Intereses’”.

En esa DDJJ “deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por alguno de los siguientes supuestos de vinculación, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata”.

Estos son “parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia o amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato”.

En este caso, será la Oficina Anticorrupción (OA) la que reciba y examine esos documentos.