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Casanello se declaró incompetente en la causa por los Panamá Papers

El juez federal se desprendió del expediente enviándolo a otros fueros. Ahora un juzgado de instrucción investigará irregularidades en declaraciones juradas de Macri.

Casanello se declaró incompetente en la causa por los Panamá Papers

El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente en la causa denominada "Panamá Papers", en la cual está involucrado el presidente Mauricio Macri, y se desprendió del expediente enviándolo a otros fueros.

Casanello decidió enviar parte de la causa al fuero en lo Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado de dinero sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria, mientras que otro segmento lo remitió a un juzgado de instrucción donde se investigaban irregularidades en declaraciones juradas del hoy presidente cuando era jefe de Gobierno porteño.

"El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia", dijo. 

El fallo del magistrado remarcó que el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó que "no vemos (...) actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista" de supuesto lavado de dinero.

Por todo ello, resolvió que "al haber descartado la hipótesis de lavado de dinero" y únicamente quedar por investigar un supuesto "remanente impositivo" ante la AFIP correspondía "declarar la incompetencia del fuero federal".

 

Según el informe del juzgado publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), Casanello llevó a cabo un detalle de las hipótesis investigadas, y colocó inicialmente aquella que se orientaba en determinar si la "vida social de las empresas" Fleg Trading, radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá, "había infringido algún tipo penal".

Pero la UIF estableció que "Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008; que Kagemusha había sido disuelta por haber tenido morosidad de diez años consecutivos en el año 2006; y que no había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9 millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA".

Paralelamente, señala el informe, el juzgado valoró que "los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia".

 A criterio del juzgado, "la prueba colectada en la causa permitía avalar las explicaciones recabadas en el sentido del carácter blanco de esos dineros y descartar la hipótesis de lavado eje de la investigación llevada adelante en el fuero federal, en tanto el quid del asunto pasaba por determinar si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de 9.5 millones de dólares de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA, y no qué hizo con ese dinero esta última empresa".

Casanello subrayó que "de uno u otro modo, lo que debía destacarse en primer término es que la omisión maliciosa no es más que una calificación jurídica, mientras que la hipótesis de trabajo está constituida por un hecho, que como tal debe ser investigado, y que dicha maniobra consiste en el ocultamiento de parte del patrimonio de la esfera de los organismos de control".

Recordó además que en la justicia del fuero ordinario se está llevando adelante una investigación por el posible delito de enriquecimiento ilícito del por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de una denuncia de la ex legisladora porteña Gabriela Cerruti.

En marzo pasado la Sala II de la Cámara Federal había cuestionado a Casanello su "alejamiento del rol de director del proceso‘ y con ‘su particular método de llevar adelante esta causa (dejar) sin norte la investigación",  y le había advertido que no podía inmiscuirse en causas ya abordadas en otros juzgados.

Los "Panamá Papers" son un escándalo internacional en donde quedaron expuestos documentos confidenciales vinculados a la firma panameña Mossack Fonseca, que mostraban cómo funcionarios y empresarios de todo el mundo hicieron negocios en paraísos fiscales utilizando compañías offshore y cuentas secretas.

El apellido Macri estaba en la lista y el Presidente quedó formalmente imputado por "omisión maliciosa" y "lavado de dinero".

A fin del año pasado se presentó sorpresivamente en el expediente Franco Macri para intentar despegar a su primogénito. Dijo que colocó a sus hijos -Mauricio, Gianfranco y Mariano- ‘como accionistas de distintas sociedades desde que eran muy jóvenes‘ y los designó en los directorios, incluso sin su consentimiento.

El 1 de febrero pasado, apenas retomó la actividad judicial en Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado le pidió al juez Casanello apurar el esclarecimiento del caso y dejó entrever el pantano en el que podría caer la causa: mucha de la información que se necesita está en el exterior y hay que reclamarla vía exhortos, que promueve el Poder Ejecutivo.

Casanello es el juez que sobreseyó a Macri en la causa de las escuchas telefónicas ilegales poco después de que el ex presidente de Boca y ex jefe de gobierno porteño asumiera la primera magistratura, en diciembre de 2015.

Fuente: DyN