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Carrió denunció a tres funcionarios de Energía

Carrió denunció a tres funcionarios de Energía

Otro dolor de cabeza para Juan José Aranguren y para la Casa Rosada. De nuevo, a causa de Elisa Carrió. La fundadora de Cambiemos presentó ayer una denuncia judicial contra dos secretarios y un director del Ministerio de Energía por supuesto beneficio a tres empresas productoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El delito de "negociaciones incompatibles" con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, fija una pena de uno a seis años de prisión.

Incontenible a pesar de haber visitado Mauricio Macri en Olivos, la diputada continúa desplegando fuego amigo: esta semana apuntó contra el amigo presidencial Daniel Angelici; y ayer lo sufrió el ex titular de Shell, que ya había sido reprendido por la titular de la Coalición Cívica por mantener las acciones de su ex empresa (hasta que al final las vendió). "Mi relación con el ministro está intacta", tituló el comunicado la legisladora, enviado mientras en Gobierno buscaban apagar el incendio. "Aranguren llega a Cambiemos por ella", despotricaban.

Así lo explicó Carrió: "Leímos en un diario que habrían ocurrido cuestiones que violentan la Ley de Ética Pública y que podrían haber sido hechos de corrupción y lo único que hicimos fue ponerlo en conocimiento de la Justicia para que se investigue". Si bien reprochaban que la diputada no había alertado de la presentación, en el ala condescendiente del Gobierno trataban de imaginarla como una jugada política para capitalizar una denuncia que, de otra forma, podría ser enarbolada por la oposición. Para sostener esta hipótesis apuntaban que Margarita Stolbizer, contrafigura de Carrió en las denuncias, ya había realizado un pedido de informes en el Congreso.

Las tres páginas de la denuncia, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, se basan en una página del diario Perfil, con una historia que había sido revelada por la Revista Crisis. Los blancos de Carrió son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile. "Los denunciados habrían beneficiado directa y/o indirectamente a las empresas Pan American Energy (PAE) y Pan American Sur (al eximirlas) de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor", dice el texto presentado por la diputada.

Sin romper el silencio público, fuentes oficiales respaldaban ayer al trío de cuestionados al sostener que no hubo ningún ilícito. Y una de las empresas involucradas, PAE, envió un comunicado ayer sosteniendo que "nunca intervino en el mercado de las garrafas y, desde abril de 2016, ya no participa en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP)".