Cafiero recibe a empresas y sindicato de la construcción

Se esperan detalles sobre la línea de crédito por $ 100.000 millones para reactivar la obra pública. Desde el sector empresarial  reclaman el pago de certificados de obra atrasados por $ 35.000 millones. Preocupación por despidos en una actividad virtualmente paralizada

Tras el anuncio del paquete de medidas de contención social e incentivos a la producción, que lanzó el Gobierno el martes, llega el momento de las precisiones. Esta tarde puede empezar a conocerse parte de los detalles, al menos en lo que respecta a la obra pública y el sector de la construcción.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibirá hoy a las 15 en su despacho de la Casa Rosada a Gerardo  Martínez, el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), y al flamante presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech

Hasta allí, empresarios y sindicato llevarán su apoyo a la medidas tomadas en esta emergencia por el Gobierno nacional, pero también trasmitirán las preocupaciones que desvelan a un sector clave de la economía, que desde hace dos años atraviesa un virtual parate.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en enero -último dato disponible- una contracción del 13,5% en términos interanuales y de acuerdo el empleo en el sector se viene contrayendo en línea con esta caída. Según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2019 se perdieron nada menos que 43.838 puestos de trabajo formales en el sector.

En una delicada coyuntura en la que la salud de la población debe ser la prioridad, la cámara que reúne a las constuctoras, destacó que "apoya las medidas anunciadas por el gobierno nacional y acompañará los esfuerzos para contener la propagación del virus, especialmente en las obras de construcción que se encuentran en curso".

Pero en paralelo, advierte sobre la muy difícil situación que atraviesa la actividad. "Esperamos sacarnos un montón de dudas de todas las medidas que han anunciado", señaló Szczech en diálogo con El Cronista,  y aclaró que "necesitamos precisiones de a dónde realmente están destinados los fondos y cómo eso va a impactar en la actividad". 

El paquete de medidas incluso un monto de $ 100.000 millones para obra pública, que se distribuirá entre obras viales y de infraestructura económica, construcción y refacción de viviendas, construcción y refacción de escuelas y jardines maternales y turismo.

Además, se relanzará el plan ProCreAr, habrá una línea de 100.000 préstamos para construcción, ampliación y refacción de viviendas y 200.000 préstamos de hasta $ 30.000 cada uno para para pequeñas refacciones y mantenimiento hogareño.   

Pero más allá de los incentivos, las constructoras están muy preocupadas porque la "incertidumbre económica que veníamos trayendo, con falta de pago en obras públicas y viviendas hoy se ve aún más exacerbada por la incertidumbre de la pandemia y una posible cuarentena total".

Uno de los puntos que las empresas plantearán a Cafiero se relaciona con la puesta al día de los pagos pendienes de certificados de obra ya presentados y que en la actualidad suman unos $ 35.000 millones, según datos que manejan en la cámara sectorial. Probablemente, también se hable de la demorada redeterminación de precios (ajuste por inflación) de los valores fijados en contratos ya aprobados y en ejecución.

En esta coyuntura, se buscará que los pagos adeudados se enfoquen en primer lugar las 20.000 viviendas que se están ejecutando en distintas provincias con fondos nacionales, y que representan unos $ 8000 del total adeuda por la Nación. "Buscamos sobre todo el pago de la deuda en proyectos que puedan seguir en marcha" como estas viviendas, señaló Szczech.

Desde el sector piden incorporar a las empresas constructoras en la modalidad de Repros, ampliar la moratoria impositiva que lanzó el mes pasado la AFIP, prórroga de vencimientos en planes de pago, suspender embargos e incluso fijar una línea de descuento de certificados de obra pública, sin que ello afecte la calificación crediticia de la empresa o la posibilidad de emitir títulos negociables, de plazo definido, por cada crédito que no pueda ser cancelado de inmediato.

La agenda es amplia pero difícil de abordar por el Gobierno en esta emergencia. Por lo pronto, tanto empresas como sindicato buscan mantener la actividad y sostener los empleos en el sector. No es poco en tiempos de coronavirus. 

Tags relacionados

Más de Economía y Política

Noticias del día