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CIADI rechazó reclamo de inversores españoles contra AGBA

Se trata de un reclamo de indemnización por más de u$s 316 millones por incumplimiento del contrato.

La sede en Estados Unidos del Banco Mundial, donde funciona el CIADI

La sede en Estados Unidos del Banco Mundial, donde funciona el CIADI

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió rechazar un reclamo de indemnización de más de u$s 316 millones planteado por dos empresas españolas en 2007 contra el Estado argentino, informó hoy la Procuración del Tesoro de la Nación.

La demanda había sido presentada por las compañías Urbaser y CABB (Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia), debido a su participación en Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA), a la que se le adjudicó en el 2000 la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en la Provincia de Buenos Aires.

Las demandantes argumentaban que la Argentina había violado diversas obligaciones contenidas en el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado en 1991 entre Argentina y España, como la prohibición de expropiación o adopción de medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato justo y equitativo.

Al respecto, adujeron la adopción de medidas relativas al régimen tarifario (pesificación y congelamiento de tarifas), entre otras, tal como la rescisión del Contrato de Concesión por parte de la Provincia de Buenos Aires en 2006, pasando el servicio a manos estatales.

Las empresas españolas originalmente reclamaban una indemnización de casi u$s 320 millones, más intereses y costas.

Según la Procuración, "la República Argentina se defendió alegando que las dificultades que enfrentó la Concesión se debieron, en gran parte, a una gestión deficiente por parte de AGBA y sus accionistas, por ejemplo, en la incapacidad de regularizar la cobranza a los usuarios de la red".

"Asimismo, los inversores no habían realizado siquiera las inversiones mínimas necesarias para una gestión eficiente durante los primeros años de la Concesión", y destacó también "el incumplimiento de los niveles exigidos de nitrato en el agua".

En consecuencia, la Argentina presentó una reconvención (contra-demanda) e invocó la defensa de estado de necesidad para justificar las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia en 2002, como la pesificación de las tarifas.

En su resolución, el Tribunal Arbitral rechazó la mayoría de los reclamos de las demandantes (no hubo expropiación ni discriminación o medidas injustificadas), y si bien consideró que había responsabilidad de la Argentina en lo relativo a la renegociación del Contrato de Concesión, durante el período comprendido entre 2003 y 2005, rechazó en su totalidad el reclamo indemnizatorio de URBASER y CABB, al reconocer que ellas no habían cumplido con las obligaciones asumidas en la Concesión.

Según el Tribunal, en enero de 2002 en Argentina existía una situación de estado de necesidad que respaldaba suficientemente las medidas de emergencia dictadas.

La defensa de la República Argentina fue llevada por la Procuración del Tesoro (a cargo de Carlos Francisco Balbín) y el tribunal estuvo conformado por el suizo Andreas Bucher, el estadounidense Pedro Martínez-Fraga y el neozelandés Campbell McLachlan.

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Comentarios2
Eugenio Vazquez
Eugenio Vazquez 10/12/2016 07:37:39

si lo hicieron porque eran españoles si fueran de los eeuu otro juicio por 17000 millones de dólares, esta hecho esto para los eeuu y sus especuladores de wallstreet especialmente dirigido por judios

Actualización En Oncología
Actualización En Oncología 10/12/2016 12:58:09

Así cualquiera es "inversor": contratos jugosos, servicios lamentables.