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Buenos Aires aprobó la emergencia administrativa entre protestas e incidentes

En una sesión que terminó abruptamente, entre gritos y empujones, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aries sancionó la ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica que reclamaba el gobierno de María Eugenia Vidal para acelerar los procesos de gestión. Fuera de la Legislatura la escena fue caótica cuando, en medio de una marcha de gremios provinciales, en repudio a la iniciativa, hubo grupos que incendiaron cubiertas en la puerta del edificio, rompieron vidrios y provocaron destrozos.

La gobernadora María Eugenia Vidal, quien se encontraba en el Congreso Nacional reclamando por el Fondo del Conurbano, rechazó la manifestación en La Plata. "Lamento lo que pasó hoy", dijo al ser consultada al respecto en una conferencia de prensa. "Nadie puede llamarse trabajador de la Provincia e intentar incendiar la puerta de la Legislatura", añadió.

La tensión comenzó luego de que diputados de Cambiemos con el acompañamiento de la bancada del Frente Renovador de Sergio Massa, el GEN y aliados menores se impusieron en una votación resistida por los bloques opositores del FpV, FpV-PJ, Peronismo para la Victoria-FpV y el FIT.

Los diputados de los distintos bloques que antes conformaban un único bloque del FpV buscaron diferentes atajos a la hora de expresarse sobre la iniciativa puesta a consideración.

Solicitaron una cuestión de privilegio que la presidencia del cuerpo desestimó. Luego se pidió que trabajadores que se manifestaban en las adyacencias ingresaran a las gradas del recinto, y en esas circunstancias el presidente del bloque de Cambiemos estimó que no había voluntad de debatir el proyecto de ley y planteó la moción de orden: cerrar el debate y pasar a votación.

Luego de la votación se dio por terminada la sesión en medio de un griterío de reproches por parte de los miembros de los bloques que se opusieron, que reclamaban el "debate democrático"; e incluso hubo algunos forcejeos entre diputados y colaboradores que estaban en el piso.

Con esta Ley, el Ejecutivo pronostica reducir a la mitad los tiempos que insumen los trámites de licitaciones, que en promedio hoy son inviables: 6 meses para bienes y servicios y entre 9 y 11 meses para obra pública.
El punto técnico de mayor discusión del proyecto habla sobre la Regulación del contrato de servicio y régimen salarial del personal de gabinete, donde, básicamente, se establecen las condiciones de los contratos de servicios que se podrán celebrar durante la emergencia, y de esta forma se apartan de las previsiones contenidas en la ley 10.430.

No obstante, se aclara que los contratos que estuvieren cumpliendo a la fecha de entrada en vigencia de la normativa continuaran bajo dicho régimen.